La temporalidad se dispara en el sector público mientras cae en el privado

La temporalidad se ha instalado desde hace tiempo en las administraciones públicas, sin que ninguno de los gobiernos de turno, ya sea en el Estado, en las autonomías o en las entidades locales hayan intentado poner coto a los «excesos» que se vienen repitiendo durante años. Los sindicatos denuncian que los diferentes planes para reducir la temporalidad en las empresas públicas han sido «poco ambiciosos» y los consideran «insuficientes» y «discriminatorios» en sectores fundamentales como la Sanidad y la Educación, que acusan tasas de interinidad que superan de largo el 50% en algunos casos.

Según los datos publicados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el número de empleados públicos creció en 17.187 efectivos entre enero y julio de 2019 –los últimos publicados oficialmente–, hasta alcanzar un total de 2.595.575 trabajadores adscritos al sector público. Del total, el 57,76% presta servicio en las comunidades autónomas; el 19,80%, en el Estado; y el 22,43%, en las entidades locales.

En el conjunto de todas las administraciones, el 56% es personal funcionario de carrera, el 22,4% es personal laboral y el 21,6% se reparte entre personal funcionario interino, personal eventual y otro personal, aunque la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) eleva esa interinidad al 30%. Es decir, que el Ministerio solo reconoce 560.644 trabajadores temporales en los servicios públicos, mientras que los sindicatos hablan de casi 800.000. «Es una situación insostenible y que debe resolverse ya», critican desde CSIF.

En sectores como la Sanidad, el 80% de la totalidad de los contratos que se han producido desde el comienzo de la crisis han sido temporales por la ausencia de ofertas públicas de empleo. Además, afecta más a las mujeres que a los hombres.

El Gobierno incumple

Los trabajadores afectados por su interinidad han manifestado en numerosas ocasiones que el Gobierno infringe lo dispuesto en la directiva europea sobre trabajo de duración determinada, de obligado cumplimiento desde 2001. Si bien España traspuso esta directiva legal al sector privado, no hizo lo mismo en el sector público, en el que miles de trabajadores encadenan contratos durante años, hasta llegar a jubilarse como interinos, sin haber llegado a tener plaza fija.

Esta situación ha generado la paradoja de que mientras la tasa de temporalidad en España se redujo en 2019 ocho décimas en el sector privado, en el sector público ha sufrido un nuevo repunte. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el sector privado la tasa ha pasado del 26,9% en 2018 al 26,1% al cierre de 2019, la primera caída en comparativa anual desde 2012, cuando se situaba en el 22,8% tras haberse reducido en más de diez puntos durante los años de crisis.

Sin embargo, en el sector público, la temporalidad se ha elevado alarmantemente por culpa del retraso que sufren algunos de los procesos de estabilización de empleo acordados en 2017 para recortar la tasa de interinidad. El objetivo era dejarla en el 8%, una cifra imposible según denuncia UGT, que destaca que las distintas administraciones públicas han «sorteado» los límites de la tasa de reposición –que impide cubrir todas las jubilaciones– mediante la generación de un empleo temporal de larga duración, que ha «degenerado en un uso abusivo y fraudulento del mismo».