Los funcionarios quieren mamparas anticontagio en los ministerios y centros de salud

Suspender los viajes oficiales de los cargos públicos, restringir fronteras con las zonas de alto riesgo, exigir a todos los funcionarios que extremen medidas sanitarias y de higiene, instalar dispensadores de hidrogel en los edificios oficiales y mamparas de protección en los centros sanitarios, disponer de equipos de protección o más seguridad en los hospitales por riesgo a que se multipliquen las agresiones son algunas de las propuestas que ha lanzado al Gobierno la Central Sindical Independiente y (CSIF) para poner freno a los posibles contagios masivos por el coronavirus que se puedan producir entre los funcionarios públicos y los ciudadanos que acuden a las dependencias oficiales.

El sindicato ha criticado que los protocolos que hasta ahora se han implementado por parte de la Administración “no están siendo todo lo eficaces que se esperaba y no están adaptados desde el punto de vista de la bioseguridad y la contención. Las autoridades sanitarias deben adoptar medidas más restrictivas y específicas para contener la propagación del coronavirus, algo que hasta ahora no hemos logrado”.

En rueda de prensa, varios de sus representantes, con su presidente Miguel Borra a la cabeza, pidieron al Ejecutivo que en su plan de choque incluyan medidas específicas para los funcionarios que trabajen en puestos de atención al público, ya sea en organismos, ministerios, aeropuertos, comisarías, oficinas o centros sanitarios, y que se les proporcionen las “mayores medidas de protección posibles", ya que el riesgo de contagio se “multiplica exponencialmente”. Por ello, reclaman que se faciliten mascarillas, guías de actuación, trajes anticontagio y otros elementos de protección a estos empleados públicos. El sindicato exige que se establezca un protocolo claro sobre qué es lo que deben hacer ante una situación de riesgo, cómo deben actuar y qué tiempos y modos deben aplicar. También piden la instalación obligatoria de dispensadores de hidrogel en todas las administraciones donde haya atención al público y que se tomen más medidas de control en los centros sanitarios. En este sentido, reclaman que se mejore la seguridad ante el posible aumento de la violencia contra el personal sanitario y que se generalice el uso de mamparas acristaladas separadoras en centros de salud, servicios de urgencia en hospitales y en las ventanillas de atención al público de las administraciones, como los ministerios. También, que se garanticen la existencias básicas de mascarillas, guantes de látex y solución hidroalcohólica, que en algunos centros han empezado a escasear.

La situación en los centros penitenciarios -tras los incidentes ocurridos en las cárceles italianas- preocupa especialmente a Borra, que relama la “contratación urgente” de médicos para estos centros, que se suspendan las visitas de las personas con síntomas, eliminar los controles de acceso por huella y sustituirlos por el libro de firmas, que se garantice el material de prevención para internos y trabajadores y que se diseñe un “protocolo específico antimotines”.

En cuanto a la gran preocupación que se ha generado entre los opositores sobre una posible cancelación de la próxima convocatoria de empleo público, desde CSIF han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Educación para preparar un plan para garantizar la seguridad de opositores y del personal educativo. “Tenemos que saber qué van a plantear los distintos ministerios y comunidades autónomas. Hay que garantizar los derechos de las personas que llevan meses o años estudiando, pero también su seguridad. Probablemente se puedan celebrar sin ningún problema, siempre que se cumplan determinadas condiciones”.

Desde la organización sindical también se ha instado a crear una comisión de expertos en bioseguridad para diseñar guías de actuación “más concretas y estrictas” para trabajadores y residentes de los centros de mayores, que vayan más allá de evitar las visitas presenciales. Al igual que han propuesto sindicatos y organizaciones empresariales, solicitan que se considere la baja por aislamiento obligatorio por el coronavirus como enfermedad profesional.