El Gobierno prohíbe despedir barato por el coronavirus y revisará «uno a uno» los ERTE

La sangría de despidos y expedientes de regulación está adquiriendo una proporción tan descomunal que ha sobrepasado los peores escenarios previstos por el Ministerio de Trabajo. Por ello, ha tenido que improvisar sobre la marcha un plan de actuación laboral para acabar con los despidos, para redigirlos hacia Expedientes de Regulación Temporal (ERTE). Yolanda Díaz protagonizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, tras soltar la bomba del día. «Nadie puede aprovecharse de esta crisis. No se puede despedir con la excusa del covid-19. No es necesario y el Gobierno lo va a impedir. No se podrá despedir por fuerza mayor». De esta manera, la ministra ha extendido una barrera de contención para parar en seco el número de despidos y que todos vayan hacia expedientes temporales o despidos improcedentes (con indemnización de 33 días por año, frente a los 20 días del despido objetivo por causas económicas).

Para ello, el Gobierno ha prohibido por ley el despido por causas objetivas por coronavirus, que incluye «fuerza mayor y causas económicas, organizativas, técnicas y de producción», concretó la ministra. Las empresas no podrán despedir con esta fórmula desde hoy, y sin carácter retroactivo, mientras dure la crisis sanitaria, independientemente de que puedan producirse impugnaciones de despidos y los tribunales decidan si son procedentes, improcedentes o nulos. Díaz justificó la medida porque «no tiene sentido despedir cuando el propio Gobierno está permitiendo los ERTE hipersimplificados. Todas las empresas pueden acogerse a ellos. No es necesario despedir a nadie en nuestro país, esta crisis es solo un paréntesis». Las empresas que tengan que acogerse a estos expedientes podrán hacerlo con un formulario «muy sencillo», que será enviado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que permitirá el reconocimiento de las prestaciones públicas por desempleo de manera inmediata. En el caso de los contratos temporales, no se extinguen, sino que se interrumpen y se reanudarán una vez concluya la crisis sanitaria.

¿Me pueden despedir después de un ERTE?

La titular de Trabajo advirtió que Inspección de Trabajo «revisará uno a uno» y de oficio todos los ERTE que se aprueben durante esta crisis, para que, si se observa «algún tipo de fraude», las empresas estarán obligadas a devolver «hasta el último céntimo de euro del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo». También recordó que la prestación se concederá a cualquier afectado por un ERTE, «independientemente de que reúna o no los requisitos para percibirla». Aunque el trabajador no reciba la notificación de la concesión de la prestación, ésta estaría concedida por silencio administrativo para agilizar los trámites, ya que el alta en el sistema se realiza desde que se notifica al SEPE. Esta medida se ha hecho extensiva a los socios cooperativistas, para que este colectivo también pueda beneficiarse de estas medidas, por las que los consejos rectores puedan presentar regulaciones temporales. Díaz ratificó que aunque el trabajador no reciba la notificación de la concesión de la prestación por desempleo, ésta estaría concedida por silencio administrativo para agilizar los trámites, ya que el alta en el sistema se realiza desde que se notifica al SEPE.

En las preguntas posteriores a sus palabras, la ministra desmintió que no se estuviera respetando las prestaciones de los trabajadores con hijos a su cargo. “Esto entra dentro de las 'fake news’. Las prestaciones que se están concediendo son las ordinarias. No ha habido cambios”, dijo con contundencia. De esta manera intentaba aclarar la filtración hecha por algunos sindicatos minoritarios en la que denunciaban que el Servicio de Empleo había comunicado a través de una circular interna que todas las prestaciones universalizaran la cuantía a 1.098,09 euros, la que corresponde a trabajadores sin hijos, eliminando temporalmente los anteriores supuestos del cobro de 1.245,96 euros para trabajadores con un hijo y de 1.411,83 euros para las familias con dos o más hijos. Según esas mismas fuentes sindicales, el SEPE se encuentra al borde del colapso tras el alud de expedientes de regulación presentados y por los despidos generalizados de empleados temporales y que no tiene capacidad para hacer comprobaciones individuales de cada caso, por lo que se habría tomado esta medida para evitar retrasos en el cobro de las prestaciones. Díaz lo atribuyó todo a “informaciones malintencionadas”.

Lo que no pudo desmentir Díaz fue que esta medida no se estuviera barajando por expertos del Ministerio ni que existiera esa circular, aunque parece que, a día de hoy, está prácticamente descartada. Sí reconoció que los trabajadores del SEPE se están viendo “desbordados” con las tramitaciones, pese al refuerzo de la plantilla con más de mil personas. "Están trabajando por encima de sus posibilidades. Pero, por supuesto que se van a pagar todas las prestaciones, como todos los meses, el 10 de abril”. En los próximos días los afectados comenzarán a recibir las resoluciones de reconocimiento de la prestación.