Las dos rentas mínimas que maneja el Gobierno

El inesperado y brutal impacto social que ha tenido –y tendrá– a corto y medio plazo la crisis sanitaria del Covid-19 ha provocado que el Gobierno –y por tanto su socio en el poder– haya tenido que replantearse algunos de sus objetivos, que han provocado no pocas disensiones internas entre un partido y otro. Los dos han tenido que renunciar a parte de sus programas. El PSOE ha forzado el diseño de una medida que estaba programada para ver la luz en la mitad de la legislatura, mientras que Podemos ha tenido que renunciar a su renta mínima básica general en favor de una parcial para los más vulnerables.

Dos fases

Por ello, Seguridad Social está dando los últimos retoques a la que será la definitiva renta mínima vital permanente. Esta medida ayudará, en una primera fase, a recuperar la economía de aquellas familias que hayan sido más golpeadas por la pandemia, pero su alcance se extenderá por tiempo indefinido en una segunda fase. Hasta este punto, la sintonía de ambos partidos es total, pero solo hasta ahí.

Permanente, no temporal

Ha sido en los tiempos y en las formas donde han surgido las divergencias entre el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá y el de Derechos Sociales de Pablo Iglesias. Aunque ambos coincidían en la necesidad de la medida, el primero apostaba por no improvisar y aprobarla de forma permanente una vez estuviera completamente desarrollada y el segundo quería que se aprobará de inmediato una solución temporal, que diera cobertura a las familias más dañadas por la pandemia.

Dos baremos

El equipo de Iglesias ha llegado a preparar un borrador en el que hacía su propio baremo en la concesión económica de ayudas, pero sin aportar la forma de financiarse. Establecía un mínimo de 500 euros –con incrementos de 250 euros para cada persona a cargo– para cada hogar con problemas y la hacía compatible con otras prestaciones. Al menos rebajó la cuantía que tenía en su programa electoral, cuando prometía una ayuda por adulto que podría alcanzar hasta los 1.200 euros.Escrivá también busca garantizar un nivel mínimo de ingresos para las familias más vulnerables, pero pretende hacerlo «bajo un suelo firme que lo sustente», explicaron a LA RAZÓN fuentes de Seguridad Social.

Entre Iprem y SMI

El departamento de Escrivá apuesta por una cuantía media entre dos indicadores: el Iprem –el de referencia para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas, situado en 548,6 euros– y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –fijado en 950 euros–. Una postura cercana a la de Iglesias, pero muy lejos de esos 1.200 euros soñados por el líder de Podemos.

De 3 a 5 millones

Tampoco se ponen de acuerdo en las cifras de posibles beneficiarios a los que llegaría esta prestación. Mientras Escrivá apuntó en su última comparecencia en el Congreso que alrededor de un millón de hogares –y tres millones de personas– serían los destinatarios de esta medida, de los cuales 100.000 irían destinados a familias monoparentales, desde el Ministerio de Iglesias se eleva esa cifra a tres millones de familias –y cinco millones de ciudadanos–. Ambos están muy lejos de los 12 millones de españoles –casi un 25% de la población– que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha situado en el umbral de la pobreza o que lo supera con dificultades.

Selectiva, no general

Según estas cifras, la población a la que tendría que extenderse el paraguas público sería mucho mayor de las primeras previsiones. Tal vez por esa razón, Seguridad Social todavía se encuentra «ajustando aspectos técnicos» y cruzando datos con la Agencia Tributaria para tener información actualizada de los colectivos a los que irá destinada, y realizando un itinerario de inclusión para que el alcance de esta medida llegue «al entorno familiar y a los mayores umbrales de protección posibles de la estructura de cada hogar», dijo Escrivá el miércoles ante el Congreso. Por contra, Derechos Sociales apuesta por una prestación más generalizada, sin tantos requerimientos, algo a lo que no está dispuesto Seguridad Social, que quiere tener muy claro qué es lo que se va a gastar, con quién y cuánto.

3.500 millones de coste

En 2018, el Gobierno del PP cuantificaba que una renta de este tipo tendría un coste de 15.000 millones anuales a las arcas públicas, y que eso provocaría «la quiebra del Estado». El propio Escrivá, cuando era responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya planteó una renta mínima de este tipo y calculó que el coste anual para el estado sería de 3.500 millones de euros si se concediera la ayuda a 1,8 millones de hogares y tras eliminar duplicidades. Por tanto, su equipo técnico estaría trabajando sobre esta base de gasto. La intención del Ministerio de Escrivá es que el montante anual que cubra esta renta mínima sea incluido en los Presupuestos Generales del Estado, pero esto no será posible hasta las cuentas que se presenten en 2021.