El Gobierno no logra activar a miles de funcionarios un mes después de la alarma

El Gobierno sigue sin lograr activar a toda la administración pasado un mes de la entrada en vigor del estado de alarma, que arrancó el pasado sábado 14 de marzo. La «hibernación» en este caso no es impuesta sino consecuencia de la incapacidad del Estado para movilizar los recursos necesarios que hagan posible el teletrabajo efectivo de los distintos empleados públicos y de coordinar a los funcionarios en sus tareas habituales o facilitar que puedan apoyar a los departamentos más necesitados de personal, algunos de ellos absolutamente desbordados en las actuales circunstancias. La situación es especialmente llamativa en los departamentos menos «estratégicos» ante la actual emergencia sanitaria, donde la carga de trabajo se ha reducido de forma drástica en buena parte de la administración.

Sin embargo, llama la atención que numerosas subdirecciones de los ministerios de Transición Ecológica –donde recae energía–, Función Pública, Consumo, Hacienda e incluso los de Trabajo y Seguridad Social, donde se acumulan miles de expedientes de regulación de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), no dispongan todavía de los protocolos necesarios para coordinar las tareas que se venían realizando y muchos de ellos se encuentran literalmente paralizados por la inactividad.

Según ha podido saber LA RAZÓN, aunque buena parte de los trabajadores de la administración central y de las comunidades autónomas disponen por fin de los equipos informáticos para desempeñar el teletrabajo, el parón de la actividad económica y el confinamiento han reducido el desempeño de muchos departamentos, como las tareas de inspección en todos sus ámbitos, reducidas a la mínima expresión, aunque los inspectores sigan avanzando en los expedientes. Sin embargo, son las tareas estrictamente burocráticas las que más han visto reducida su actividad. A esto se suma que las conexiones a los «escritorios virtuales» fallan constantemente y no soportan el trabajo simultáneo de los miles de funcionarios que disponen de equipos.

Según han denunciado trabajadores de la Seguridad Social, el sistema de teletrabajo es una auténtica «odisea» que solo aguanta dar servicio a la vez al 65% de los empleados públicos conectados. Los funcionarios denuncian también la frustración que les produce no poder desempeñar en condiciones su trabajo en plena emergencia.

La situación es muy desigual, aunque fuentes consultadas de CSIF remarcan que los funcionarios no están mano sobre mano sino trabajando, algunos de ellos conectándose fuera de la jornada laboral, reconocen que mientras en ministerios como el de Interior el trabajo presencial es del 70% en otros ha caído a la mínima expresión. Por ejemplo, de 10.493 empleados de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) solo 470 están prestando servicio presencialmente. Especialmente significativo es el caso de Madrid, donde de una plantilla de 937 funcionarios, apenas 50 realizan trabajo presencial. Parecidas cifras se dan, por ejemplo, en el INSS, donde de 10.153 trabajadores, hay 861 realizando trabajo presencial. La mayoría de empleados públicos están teletrabajando, «el 90% con sus propios equipos y con sus propios móviles, adaptados para que no se les cobren las llamadas, y conectándose a las nueve y diez de la noche para no saturar los sistemas y evitar colapsos».

Declaración jurada de “no infección” para los interinos

Mientras parte de la administración se mantiene «hibernada» por la incapacidad del Estado para reactivar a las plantillas, el SEPE se encuentra literalmente «desbordado», según han denunciado todos los sindicatos. A los ERTE hay que sumar las bajas, los cambios de jornada o aplazamientos de cuotas a empresarios y autónomos. Los 7.900 funcionarios del SEPE no dan a basto y solo logran sacar el 25% de los expedientes diarios. Los sindicatos denuncian que se ha perdido el 25% de la plantilla y hay otro 20% de eventualidad.

El Gobierno se ha comprometido a incorporar a 1.000 interinos de los 2.500 que demanda CCOO «si se pretende que las nuevas ayudas por desempleo se abonen». Sin embargo, estas incorporaciones se demoran entre denuncias de que los interinos deben presentar una declaración jurada de no estar infectados. Además, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) también necesita apoyo ante lo que se le viene encima solo con 350 trabajadores en plantilla de los 600 que serían necesarios para evitar el colapso.