Los clientes podrán fraccionar el pago de la deuda acumulada con su compañía telefónica en el estado de alarma

Igual que sucedió con la moratoria hipotecaria, el Gobierno ha salido en auxilio de aquellos que hayan tenido problemas para abonar su factura telefónica durante el estado de alarma. El Ejecutivo aprobó ayer un Real Decreto-ley que obliga a los operadores de comunicaciones estarán a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020, según informó el Ministerio de Economía y Transformación Digital. El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer suprimir las limitaciones a las portabilidades en los servicios de telecomunicaciones después de más de dos meses en vigor. Sin embargo, mantuvo ayer la obligación extraordinaria para los operadores de no interrumpir las comunicaciones electrónicas, al tratarse de servicios esenciales, hasta que se dé por finalizado el estado de alarma, incluso en el caso de abonados que no hubieran procedido al pago. Por este motivo, ha aprobado una medida encaminada no sólo a aliviar a los consumidores sino también a garantizar a las compañías el cobro de las facturas pendientes aunque sea de modo aplazado.

La retirada de las restricciones a la portabilidad había sido solicitada en las últimas semanas tanto por algunos operadores como por asociaciones de consumidores como la OCU, que consideraban que no tenía sentido mantenerlas en la actual fase de desescalada y resaltaban que España era el único país de Europa en el que seguía en vigor la prohibición.