Tasa Covid: miedo entre los consumidores

Estamos entrando en la «nueva normalidad», que podría generar, a su vez, una «nueva moral» o una «nueva legalidad». En esa regeneración de la sociedad, también habrá que renovar los términos que la rigen. Sin embargo, aún es pronto para hacerlo porque en el escalafón de prioridades están por encima la recuperación de la salud y la economía. Mientras, en este vacío normativo de las fases de desescalada, han surgido problemáticas en la relación entre las empresas y sus clientes que no se regulan a través de ninguna ley ni ética. Por ejemplo, qué ocurre con el dinero de los servicios contratados sin cancelación gratuita pero que no han sido prestados por culpa de una pandemia de la que no se puede responsabilizar ni a la compañía ni al consumidor. O la última polémica, ¿es legítimo que determinados comercios cobre una mal llamada «tasa covid» (pues en realidad es un suplemento) que encarece los precios?

Es lícito, sí. Así de clara ha sido la Organización de Consumidores (OCU). No hay una ley que diga que no se puede aplicar porque la legislación no estaba preparada para una situación como la actual. Y las empresas tienen argumentos para justificarse: El dinero perdido durante los meses de cierre, la inversión que se ha realizado para adaptar el establecimiento a las recomendaciones de sanidad y el riesgo al que se exponen por estar abiertos cuando aún el virus no está controlado del todo y existe peligro de repunte.

El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, espera que esta tasa «no se extienda y sólo se siga aplicando sólo en clínicas dentales, talleres de reparación de vehículos y peluquerías tal como está siendo hasta ahora. Se debería de usar sólo a los sectores que realmente justifiquen esos gastos para garantizar la seguridad y salud». Sin embargo, además de los tipos de establecimientos citados, se ha propagado por otros como los de restauración.

Testimonios

Gabriel, un madrileño de 27 años, acudió el miércoles a un bar de Embajadores al que no iba hace más de dos meses, pero que antes del confinamiento era su lugar habitual para quedar con los amigos del barrio. Antes de la cuarentena, el tercio de cerveza le costaba 2,50, ahora ha subido a 2,80. Y según cuenta, no le avisaron previamente y, ni siquiera, se indicaba la parte proporcional de la «tasa covid» en el ticket.

En ese punto es donde la OCU no está de acuerdo con el incremento de precios. Según la organización, los negocios están obligados a avisar al consumidor de la aplicación de la «tasa covid» y desglosarla en el ticket. Pero Gabriel no es el único al que no le han advertido antes del aumento del precio, algo que parece ser la tónica habitual.

Elena, de 54 años, fue a tomarse un cortado con sus compañeras de trabajo. Solía costa 1,40 y se lo cobraron a 1,50. Además, ella lo pidió con un poco de licor, un chorrito pequeño que subió el precio final hasta los 2,50. Porque la «tasa covid2 se aplica a cualquier añadido por muy pequeño que sea. El incremento de precios empieza a asustar a los consumidores, y también debería acobardar a las empresas, que corren el riesgo de quedarse sin clientes.

La propia Elena nos cuenta que antes de la cuarentena solía ir a comer a un restaurante con un menú a 7,50. Ahora que han vuelto a la oficina el menú sale a 9,50. Todos los días comían allí seis personas, pero, con este incremento del precio, todos han decidido que no irán y se llevarán «tupper» al trabajo. Y es que a la subida del coste se une la incertidumbre económica en general, la pérdida de ingresos por los ERTE y el trabajo que no se recuperará por recortes de personal o porque la empresa ha confirmado el cierre definitivo o se lo está planteando.

La suma del aumento de precios y la reducción de las rentas de las familias podría dinamitar la recuperación de la actividad comercial, como sostiene Alfaro: «Además de perjudicar la imagen de los negocios, no favorece al relanzamiento del consumo”. Como mucho, la aplicación de esta “tasa covid”, añade, “tiene que ser algo temporal y que ayude a superar las etapas de desescalada».

Pero, claro, aunque sea transitorio, como esperamos todos y así dicta la lógica que será, el daño ya está hecho. La ralentización de la recuperación del consumo no se podrá recuperar. Para colmo, la «tasa covid» solo es una noticia más de los incrementos de costes que se han experimentado últimamente.

Alimentos

José, de 60 años, ha tenido durante toda su vida un negocio de alimentación hasta que la pasada crisis le obligó a cerrarlo. No obstante, el llamado defecto profesional ha seguido presente en él y es un obseso de los precios. Cada vez que va a distintos supermercados, los estudia, los compara, conoce su evolución. Y en las últimas semanas se ha dado cuenta de que «en algunos productos estamos pagando más que antes», dice, «lo veo mientras estoy comprando, pero ya resulta evidente cuando ves en el ticket lo que te ha costado todo en conjunto». El IPC confirma sus sospechas, el coste de los alimentos aumentó un 4% en el mes de abril, un incremento que no se experimentada desde el verano de 2013. José sabe que la gente no se pone a mirar los datos del IPC, pero por su trayectoria tiene claro de que los consumidores se darán cuenta de que los precios han subido: «La mayoría de las familias suelen hacer la misma compra semanal o mensual, y si acaso cambian algunos productos, por probar una marca o algo nuevo, pero nada que cambie demasiado el coste final. Por eso mismo, seguro que se están dando cuenta de que están pagando más por la misma compra que hacían antes del confinamiento».

Estos ascenso no tienen nada que ver con la ley de la oferta y la demanda que rige el mercado de la alimentación. Los propios supermercados y sus asociaciones han admitido que han vendido más durante el confinamiento, pues el encierro ha provocado, como es lógico, que la gente coma más. Y solo hace falta haber hecho varias compras durante estos meses para saber que no ha existido desabastecimiento pero sí escaseaban ciertos productos. Y los agricultores han confirmado sus dificultades para cubrir la demanda.

España no es el único país en el que han subido los precios de los alimentos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha registrado un incremento del 2,5%, una subida que no se experimentaba en el país desde 2012. Los mayores aumentos se han registrado en la carne, un 4,7%, en las aves de corral, un 4,2%, y en los huevos, que han sumado un sorprendente 15%.

Hasta en un pequeño estado que suele ser tomado como ejemplo, Luxemburgo, la Unión de Consumidores también ha tenido que pedir a los comercios que no aumenten los precios porque no es justo que las familias, que ya han visto reducirse sus ingresos, tengan que afrontar también el coste que ha supuesto el coronavirus. Es decir, no es justo que sea el consumidor final el que se haga cargo de todas las pérdidas provocadas por la crisis sanitaria, económica y social.

Empresas

Las empresas, por su lado, defienden la subida de precios con razones evidentes. Alfaro cree que hay motivos para aplicar la «tasa covid» siempre y cuando «sea una coste ajustado al precio real y proporcional al gasto ejecutado». El problema es que se puede usar como trampa y abusar de este suplemento al consumo que supone un extra además del ya habitual IVA.

El abuso es una actitud muy residual pero que empaña el trabajo de la mayoría, que intenta ser honesta con sus clientes. Y ahora misma esa honestidad supone entender que las pymes han tenido que afrontar un aumento muy grande de los costes. Primero, porque han invertido en todo el material sanitario necesario para atender con seguridad.

Desde Cepyme explican que «las pymes españolas, dependiendo de la provincia en la que se encuentre y el sector al que se dediquen, están reiniciando paulatinamente su actividad después de varias semanas de cierre o con unos niveles de actividad muy reducida. Para poner de nuevo en marcha los negocios en condiciones de seguridad, están teniendo que adaptar sus procedimientos, invertir en instalaciones, contratar servicios adicionales, etc., para cumplir los protocolos sanitarios. Hay que recordar además que, al inicio de la pandemia muchas empresas cedieron sus EPIs para atender a la emergencia sanitaria, que ahora han tenido que volver a adquirir. Estas medidas de seguridad y prevención están obligando a las empresas, en su mayoría pymes, a destinar importantes cantidades de recursos económicos, en una situación absolutamente crítica y reduciendo sus márgenes».

Segundo, el aumento de costes se debe al respeto de las distancias supone una caída de la demanda y, por lo tanto, que el coste por producto o servicio vendido sea mayor. Además, las propias compañías se pueden encontrar con un incremento de los precios en determinados artículos cuyas cadenas de producción se han visto afectadas por la pandemia.

Un cóctel al que se une la escasa certidumbre que el Gobierno da a los negocios, como constatan desde Cepyme. Y esta es una de las causas que ha invitado a muchos a no reabrir. Para darle la vuelta a esta situación, la confederación pide que la inversión sanitaria que se deba hacer esté reglada y muy estudiada por la administración para que las empresas no gasten dinero innecesariamente, como ocurrió con las mamparas que se instalaron en los establecimientos tras la ley del tabaco y que, al final, no sirvieron para nada.

Inversiones

Sin embargo, las inversiones que se están haciendo por ahora son más bien por intuición y sentido común, pues el Ejecutivo no da una certidumbre ciega. Incluso la manera en la que se está llevando a cabo la desescalada está confundiendo a los empresas y provocándoles pérdidas. Por ejemplo, se aseguró en un principio que Madrid y Valencia pasarían a la fase 1, y algunas pymes sacaron a trabajadores del ERTE para reabrir. No obstante, al final se decidió que estas comunidades no pasarían de fase y los empleados no podían volver al ERTE, así que empezaron a cobrar el sueldo habitual, por la parte de la propia empresa, sin que ésta tuviese la capacidad de generar beneficios al estar cerrada.

Otro error del Gobierno está siendo no ayudas a las empresas a asumir los sobrecostes. El apoyo a las compañías solo ha sido del 12% del PIB, frente al 40% de Italia o el 60% de Alemania. En nuestro país, la viabilidad de los negocios está por los suelos y la «tasa covid» no los va a salvar. Se necesita una respuesta mucho mayor