Piedras del Gobierno contra el tejado de la industria del motor

En contra de lo que parecía lógico, la industria del automóvil, que es uno de los motores de la economía española, no deja de recibir varapalos por parte de todo tipo de autoridades de nuestro país, en una cadena de despropósitos que van minando poco a poco a esta industria. Los ejemplos son innumerables, unos más graves que otros. Vamos a recordar sólo algunos más significativos o más grotescos. Pero todos tienen en común el ir poniendo palos en las ruedas del modo de vida de cientos de miles de españoles.

No podemos olvidar julio de 2018, cuando la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaraba públicamente que «el diésel tiene los días contados» ignorando, o lo que sería más grave, conociendo que la gran mayoría de los vehículos que salen de las cadenas de montaje están dotadas de estas motorizaciones. Unas palabras que hicieron que se derrumbara el mercado de los motores de gasóleo, que pasaron en un par de meses a representar sólo un tercio de las ventas totales, cuando su participación en el mercado antes de la intervención de la ministra era del doble. Unas declaraciones que, por otra parte, se podría a ver ahorrado y simplemente acogerse a los planes que, en este sentido, prepara la UE y que, por otra parte, son de obligado cumplimiento para España.

Desconocía, sin duda, la señora Ribera, que los modernos motores diésel, con las últimas especificaciones de la UE, tienen un nivel de emisiones inferior al de los motores de gasolina, por lo que muchos países los promocionan por encima de los de gasolina. Y que son energéticamente más eficientes que los de gasolina cuando hablamos de grandes cilindradas. Hoy en día, los diésel siguen siendo imprescindibles, ya que nadie puede plantearse que los furgones y camiones que recorren España de norte a sur puedan ir movidos por motores de gasolina. No serían rentables.

Otro capítulo es el de los ataques a los automovilistas desde diferentes organismos de la Administración. Por ejemplo, desde la DGT, que utiliza las carreteras españolas como campo de recaudación, elevando no sólo el importe de las sanciones, sino multiplicando los aparatos de control en una campaña que tiene como objetivo obtener cuantiosos beneficios, vía multas de tráfico, más que velar por la seguridad vial. Esta es solo la disculpa para aumentar cada año la facturación, lo que supone un claro ataque a los usuarios de los automóviles.

Las restricciones a la circulación en las grandes ciudades es otro capítulo negativo para el usuario del automóvil, que ve dificultada su libertad de movimientos. Porque para los Ayuntamientos de la izquierda el automóvil parece ser el único responsable de la contaminación en las ciudades, sin contemplar otros factores de mayor incidencia como, por ejemplo, las calefacciones de las casas, que siguen siendo en algunos casos de carbón y, en la mayoría de un fuel-oil muy poco refinado y con muchos elementos contaminantes en su combustión. Solo así se explica que en verano, pese a las altas temperaturas y la escasez de viento, no se disparan las alarmas por contaminación. Son mucho más frecuentes en invierno y a última hora de la tarde. Justo cuando se guardan los coches y se encienden las calderas.

Todo dentro de un ambiente en contra de la industria del motor que luego provoca situaciones que caen casi en la ridiculez como, en el reciente capítulo de Nissan Barcelona, las presiones de última hora del secretario general de Industria, Raúl Blanco, amenazando al fabricante con una factura de 1.000 millones si cerraba las instalaciones. Ni siquiera mereció una respuesta por parte de la empresa. O las palabras de Janet Sanz, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, número dos de Ada Colau, que hace unos días afirmaba que «ahora o nunca» había que evitar que se reactivara en esta ciudad el sector del motor. Objetivo cumplido. Lo ha conseguido y no creo que se lo agradezcan quienes van a perder su puesto de trabajo.