El Gobierno ha dado un paso más en la expansión de los vehículos eléctricos al otorgar la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad -con una potencia superior a 250 kilovatios-, según se recoge en el Real Decreto-ley de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica, aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estos puntos de recarga de alta capacidad son considerados “fundamentales” para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora el procedimiento de cálculo de las obligaciones.

Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro deenergía.

De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el Covid-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medianas empresas (pymes) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.