¿Qué son los paraísos fiscales y por qué son tan atractivos?

Las rentas más altas se preparan para la subida generalizada de impuestos ideada por el Gobierno. Las grandes fortunas tienen mucho que perder y buscan otras vías de escape para asegurar su cartera. En este contexto, vuelve a resurgir con fuerza el papel de los paraísos fiscales, esos destinos idílicos para las grandes corporaciones donde la tributación es prácticamente inexistente. Recurrir a estos países para evadir impuestos es una práctica a la que se recurre día tras día sin apenas generar revuelo. Daniel Vaccaro, profesor de fiscalidad en EAE Business School, explica cómo funcionan estos populares destinos fiscales, cuándo se incurre en delito, cómo se lucha contra ellos y si la subida fiscal que ha puesto en marcha el Ejecutivo podría desencadenar una fuga de empresas hacia paraísos fiscales.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Son países con una tributación muy baja o nula donde personas físicas y grandes corporaciones suelen alojar sus domicilios fiscales para esquivar la tributación en los países en los que realmente desarrollan su actividad, normalmente con unos tipos más elevados. Su uso es legal, siempre y cuando no sea para llevar a cabo un fraude fiscal, que es la práctica más habitual. En definitiva, se incurre en delito cuando “cuando se utiliza en el marco de una estructura corporativa de evasión fiscal o de deslocalización de beneficios”, explica Daniel Vaccaro, profesor de fiscalidad en EAE Business School. Los paraísos fiscales también se caracterizan por la opacidad de sus cuentas, ya que los propietarios de sociedades en la mayoría de las ocasiones no figuran en ningún tipo de registro y son representados por testaferros.

¿A partir de cuánto dinero defraudado es delito?

El delito fiscal en España se sitúa en los 120.000 euros de cuota defraudada por impuesto y por año, según el artículo 305 del Código Penal. “Que la cifra sea menos no implica que no pase nada, sino que en lugar de considerarse delito se considera infracción tributaria y no está agravada con posible pena de prisión”, apunta Vaccaro. Además, la infracción no deja de implicar una ilegalidad y se sanciona con una multa. “Dependerá del tipo de impuesto que se haya defraudado, de los medios que se hayan utilizado, de si hay documentos falsificaciones o resistencia a la actuación inspectora, entre otros baremos. Esto hará que la multa, que se trata de un porcentaje sobre la cuota defraudada, sea mayor o menor. En algunos casos puede ser del 30% y en otros del 150%, por ejemplo”, añade el profesor del EAE Business School.

¿Cómo se llevan a cabo estos fraudes?

Mediante las conocidas como las Prácticas BEPS (Erosión de Bases Imponibles y Deslocalización de Beneficios), son las estrategias de planificación fiscal utilizadas por las empresas multinacionales para aprovecharse de las lagunas e inconsistencias de los sistemas fiscales nacionales para trasladar sus beneficios a países de escasa o nula tributación. Esto se puede hacer mediante sociedades offshore (empresa domiciliada en un paraíso fiscal, cuyo propietario y actividad se encuentran fuera de ese país y cuyo objetivo es ahorrar impuestos) “préstamos intragrupos desde paraísos fiscales, localización de activos intangibles como los derechos de propiedad intelectual, o facturar todo desde un territorio que nada tiene que ver con desde dónde se realizan realmente los ingresos”, explica Daniel Vaccaro.

Otras alternativas para evadir impuestos pueden ser ocultar ingresos, “aunque este no es el juego de las grandes corporaciones porque su cotización depende de tener unos ingresos con músculo”, dice el profesor de fiscalidad. Estas prefieren jugar a deslocalizar los beneficios, por ello recurren mayoritariamente a facturar desde pequeños países que son paraísos fiscales en lugar de hacerlo desde los grandes países de consumo. “Estos países no solo tienen un gravamen más bajo, sino que en el pasado incluso se hicieron gravámenes a medida para grandes compañías, como fue el caso de Apple que Irlanda, que pagaba 50 dólares de impuestos por cada millón de euros de beneficio. En este caso, la propia UE dijo que atentaba con la libre competencia”, expone Vaccaro.

¿Qué países se consideran paraísos fiscales en España?

La lista negra de los países considerados paraísos fiscales no es única. “No hay una unificación de criterio. De hecho, cada país maneja su propia lista”, señala Daniel Vaccaro. En el caso de España, dos de los factores determinantes para entrar a formar parte de este selecto club son la nula o baja tributación de impuestos como el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de la Renta de No Residentes; y la existencia de un convenio bilateral para el intercambio de información. Si se da esta última condición, el país en cuestión quedará fuera de la lista de paraísos fiscales. En España, los paraísos fiscales están recogidos en el Real Decreto 1080/91, que se va actualizando con el paso de los años.

Algunos de ellos son los siguientes: República de Singapur; República de San Marino; Principado de Mónaco; Principado de Liechtenstein; Aruba; República de Chipre; Emiratos Árabes Unidos Gibraltar; Hong-Kong; Antigua y Barbuda; Las Bahamas; Barbados; Bermuda; Gibraltar; Islas Caimanes; Islas Cook; República de Dominica; República de Malta; Islas Malvinas; Isla de Man; Islas Marianas; Mauricio; Montserrat; República de Naurú; Islas Salomón y República de Trinidad y Tobago, entre otros.

¿Qué hace Europa para frenarlos?

El gran debate gira en torno a los países que no aparecen en las listas, advierte el experto en fiscalidad consultado por LA RAZÓN. “En el caso de la Unión Europea, las jurisdicciones que más drenan beneficios localizados en España e impuestos que se debería pagar aquí son Irlanda, Holanda o Luxemburgo, con algunos matices”, apunta. Sin embargo, no existe un camino a seguir. “Europa no tiene el atrevimiento de decir que algunos estados miembros son paraísos fiscales. Es muy llamativo pensar en un país del Caribe con palmera y un señor con un maletín, pero la realidad es que los grandes usuarios hoy en día de los paraísos fiscales son corporaciones que lo hacen delante de todo el mundo, aprovechando lagunas, inconsistencias y no atrevimientos legales por parte de las jurisdicciones que deberían frenar esto”, cuenta Daniel Vaccaro. “Por ello, cada vez es más urgente solucionar que estas lagunas que facilitan la deslocalización de beneficios dentro de la UE”, urge.

Este año en diciembre, tras al menos una década de espera, se iba a llegar a un acuerdo en la OCDE para luchar contra los paraísos fiscales. El resultado no fue el esperado, cuenta el profesor del EAE Business School: “Estados Unidos, que acoge las sedes de las principales multinacionales digitales, ha dicho que no y que va a tomar represalias contra los países que unilateralmente quiere imponer un impuesto digital, como es el caso de Francia, Italia y España. Aquí Europa debería tener una sola voz”.

¿Y España?

España tiene un delito fiscal tipificado en el Código Penal, en línea con la media mundial, “ya que los países serios tienen un delito fiscal en sus ordenamientos penales”, subraya el profesor de fiscalidad. La Administración también cuenta con una serie de controles como el Modelo 720, una declaración informativa de inversiones en el extranjero que hay que presentar cuando se superan los 50.000 euros. Por otro lado, también está el Modelo 232, otra declaración informativa, en este caso sobre operaciones vinculadas, es decir, operaciones realizadas entre personas físicas o jurídicas entre las que existe una relación mercantil o familiar.

¿Se producirá una fuga de empresas a paraísos fiscales?

La subida de impuestos que prepara el Ejecutivo español puede suponer un empujón para que algunas empresas dejen de tener su domicilio fiscal en nuestro país. El experto consultado por LA RAZÓN no descarta una fuga de empresas hacia paraísos fiscales de culminarse el plan tributario del Gobierno de coalición: “Es similar a lo que ocurre a nivel estatal con Madrid. La Comunidad de Madrid tiene una fiscalidad muy ventajosa y atrae a perfiles altos de contribuyentes a su territorio. Salvando las distancias podría ocurrir lo mismo”. “Con una buena normativa no se produciría una huida de empresas hacia paraísos fiscales, porque obligaría a tributar donde se obtiene los beneficios. Como no la tenemos, es posible”, concluye Daniel Vaccaro.