Las autopistas barajan llevar al Gobierno a los tribunales al recortar su compensación por la crisis a golpe de decreto

Las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje han recibido el beso de Judas, en este caso, de parte del Gobierno. El sentimiento de traición ha sido tal que barajan llevar al Gobierno a los tribunales por tratar de recortar su compensación por el impacto de la crisis al cambiar “por sorpresa” y por Real Decreto el sistema para determinar estas compensaciones. Así lo indicó la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en declaraciones a Ep. El Gobierno introdujo en el Real Decreto-ley 26/2020 de medidas de apoyo al sector los transportes aprobado el pasado 7 de julio un artículo que fija las condiciones por las que las autopistas de peaje pueden reclamar compensaciones por la crisis y excluye a las que hayan contabilizado un margen de explotación positivo entre ingresos generados y gastos ocasionados.

Esta modificación constituye una “vulneración de derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos”, indicó la CNC en un comunicado. Las reglas del juego han cambiado “a mitad de partido” y ahora son excluyentes. Se trata “de reinventar lo ya inventado para beneficiar a una de las partes”, denunció el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, quien asegura que la modificación arroja una “merma importante”, en las posibles compensaciones. “Aboca a las empresas injustamente perjudicadas a acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos”, añadió.

En el decreto, el Gobierno acota los requisitos para que las autopistas puedan reclamar por la situación generada por la pandemia. Así, las compensaciones en “ningún caso” podrán “fundarse en las normas generales sobre daños por fuerza mayor o sobre restablecimiento del equilibrio económico”, señala el documento. De esta forma, las empresas no pueden reclamar en caso de que, a pesar de los desplomes de tráfico de más del 80% registrados por el confinamiento y la crisis, hayan contabilizado un margen de explotación positivo. Este margen solo atiende a la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir amortizaciones ni provisiones, y sin considerar ingresos y gastos de inversión o financiación, moratorias o condonaciones pactadas por el concesionario o salarios de los trabajadores incluidos en ERTE.

El Gobierno solo tenderá la mano al concesionario “cuando el margen bruto de explotación durante el período de vigencia del estado de alarma haya sido negativo”, recoge el real decreto. En tal caso, se le compensará para que ese margen sea cero o para cubrir la diferencia con el del mismo periodo del año anterior. Además, dicha compensación se realizará mediante un aumento del plazo de concesión de la vía que, en ningún caso, “podrá exceder la duración del estado de alarma”, esto es, unos tres meses.

Suprimir derechos

La patronal considera que la nueva regulación del reequilibrio económico de los contratos supone “suprimir con efectos retroactivos los derechos legales y que a estos concesionarios pudieran corresponder derivados de la normativa general de contratos del Estado, de la normativa especial dictada como consecuencia de la crisis sanitaria y de las cláusulas de los contratos.”. Además, consideran injustificado el uso de la figura del Real Decreto para regular una materia de esta naturaleza, “al no darse las necesarias circunstancias de urgente e imperiosa necesidad”, añade el comunicado. Este trato discriminatorio va contra uno de los ejes sobre los que dices sustentarse estas ayudas al transporte: “proporcionar liquidez a las empresas del sector para hacer frente a las perturbaciones financieras a corto plazo vinculadas a la crisis del coronavirus”.

“No hay orden jurídico que lo sustente”, según Lazcano, quien indicó que serán las empresas las que determinen si finalmente acuden a los tribunales en defensa de sus derechos. Abertis, Itínere y Cintra (Ferrovial), junto con fondos internacionales, son actualmente los principales concesionarios de autopistas del país, toda vez que el Estado controla nueve vías que quebraron en la anterior crisis. No obstante, la medida también afecta a tramos de autovía en peajes en sombra y áreas de servicio. Por otro lado, el sector considera que se trata de “un mal precedente” justo cuando el Gobierno está dispuesto a recuperar la inversión privada y los contratos de concesión para construir infraestructuras como un instrumento para la recuperación de la economía. “El sector privado no tendrá ninguna confianza en el sistema”, advierte el presidente de la CNC.