¿Reformismo anestesiado?

Uno de los mayores riesgos que suponen los 140.000 millones de euros que recibiremos de Bruselas vía transferencias y vía préstamos es que sirvan para anestesiar el impulso reformista que necesita España. Parecería que, tras haber logrado estas varias decenas de miles de millones de euros, los problemas económicos de nuestro país han desaparecido por completo y, en consecuencia, podemos sentarnos a disfrutar del capital europeo. Pero, como digo, semejante planteamiento -que mucho me temo es del agrado de la coalición gobernante y, también, de amplísimos sectores de nuestra sociedad- constituye un planteamiento profundamente erróneo. A la postre, sin ajustes y sin reformas, España seguirá teniendo exactamente los mismos problemas que ha venido padeciendo durante los últimos años: es decir, una baja capacidad de crecimiento potencial y una solvencia en permanente sospecha.

Con respecto a las reformas estructurales, recordemos que la productividad lleva 20 años sin aumentar significativamente en España (de hecho, el crecimiento potencial a largo plazo de nuestra economía se ubica en un misérrimo 1% anual). Por un lado, nuestro mercado laboral condena al paro estructural o a la precariedad a un porcentaje muy elevado de la población, el cual no puede especializarse en ninguna ocupación y contribuir consiguientemente a aumentar la productividad. Por otro, el sistema educativo español no está adaptado a las necesidades del mercado laboral del siglo XXI, lo que provoca una insuficiente acumulación de capital humano que igualmente permita relanzar la productividad. Y, por último, las barreras regulatorias dificultan que nuestras empresas crezcan, y sin empresas grandes con capacidad para aprovechar economías de escala o para invertir en I+D+i resulta también muy complicado que la productividad mejore.

Recortes

Con respecto al ajuste presupuestario a medio plazo, recordemos que España terminará este ejercicio con una deuda pública superior al 120% del PIB y un déficit de más del 10%. El dinero que va a venir de Europa no contribuirá a minorar el monto de esos pasivos: simplemente ayudará a financiarlos en condiciones más asequibles (aunque tengamos presente que apenas equivalen al déficit público del presente ejercicio). Por ejemplo, si a lo largo de la próxima década nos estancáramos con un déficit anual medio del 4% del PIB, nuestra deuda pública no se reduciría aun cuando creciéramos a tasas anuales del 5%. Aun creciendo a una media del 3% anual -algo muy complicado- necesitaríamos rebajar el déficit al 2% para empezar a minorar nuestra deuda.

Así pues, no deberíamos emborracharnos con los fondos europeos. Es hora de programar un serio plan de ajustes presupuestarios y de reformas estructurales para el medio plazo. Esta semana, de hecho, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, transmitía este mismo mensaje: «Para que la respuesta europea sea efectiva, tiene que acompañarse de una reacción de las políticas económicas nacionales a la altura de la acción europea y de los retos a los que nos enfrentamos. Esta respuesta exige (...) implementar, de manera urgente, una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas que afronte los retos estructurales de nuestra economía, y, finalmente, diseñar un programa de consolidación fiscal de medio plazo, para su implementación gradual una vez superada la crisis económica generada por la pandemia, que garantice la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y permita acumular colchones fiscales para su uso en futuros episodios recesivos».

Ya estamos tardado en hacerle caso.