Hacienda recula y autoriza a los ayuntamientos a gastar 3.000 millones de su superávit

El hundimiento de la economía española por la pandemia del coronavirus está provocando escenas realmente dignas del mismísimo Franz Kafka. Lo que un día no puede ser, al día siguiente se transforma en posible por arte de birlibirloque. Eso es lo que sucedió ayer. En plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno hizo de la necesidad virtud y convirtió en bueno el refrán de «rectificar es de sabios» con su decisión de suspender la aplicación de la regla de gasto para dar vía libre a los ayuntamientos a invertir sus remanentes de tesorería, en un momento en el que todas las administraciones necesitan una inyección de capital como agua de mayo. Pero dio marcha atrás con astucia y rectificó a medias. La ministra de Hacienda, a la sazón portavoz gubernamental, fue la encargada de publicitar las bondades de las medidas que plasmará inmediatamente el Ejecutivo en un decreto ley de auxilio a los consistorios, asfixiados por la parálisis económica que ha padecido el país como consecuencia del confinamiento de la población española durante el estado de alarma, decretado por el Gobierno el pasado día 14 de marzo.

Las corporaciones locales españolas cuentan con 15.000 millones de euros de remanentes de tesorería depositados en distintas entidades financieras desde la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el pasado ejercicio 2012. Hace tan sólo una semana, el Gobierno central pretendía meter la mano en esta hucha de los ayuntamientos y gestionar a su libre albedrío esta cuantía, algo que impidió el pleno del Congreso de los Diputados la semana pasada con los votos en contra de todo el arco parlamentario, salvo el de los socialistas y los podemitas.

La realidad es que la propia Comisión Europea ha dejado en suspenso de facto y temporalmente la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al autorizar a los Estados miembros a incurrir en déficit para sufragar el parón sufrido por sus respectivas economías por el confinamiento de sus poblaciones para frenar el avance del coronavirus. Por tanto, al Ejecutivo, con todo el arco parlamentario enfrente y en plena negociación de los Presupuestos de 2021, no le ha quedado más remedio que recular y permitir que los ayuntamiento consuman su propio superávit en sus ciudadanos. Sin embargo, lo ha hecho a medias.

El Ministerio de Hacienda prepara un decreto ley con una batería de medidas orientadas a aliviar el estrangulamiento financiero que sufren los ayuntamientos debido a la pandemia, entre las que figura la suspensión de la regla de gasto establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero sólo les permitirá invertir en sus necesidades económicas causadas por la Covid-19 el 20% de sus remanentes, es decir, 3.000 de los 15.000 millones que tienen en su hucha correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. Con esta rectificación, esta primera batalla la han ganado, aunque a medias, los consistorios, controlados por los diferentes partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que han plantado cara al Ejecutivo para evitar que Moncloa dispusiera de estos fondos a su antojo.

Por eso las diversas formaciones saludaron ayer la rectificación del Gobierno sin lanzar las campanas al vuelo. Aún queda por decidir si las administraciones locales pondrán gastar también el resto de los 12.000 millones de euros de remanentes con los que cuenta. De momento, del primer enfrentamiento han salido victoriosas, después del varapalo sufrido la semana pasada por el Ejecutivo en la Cámara Baja. Ahora esperan conocer la letra pequeña del nuevo texto que redacta a toda prisa el Departamento de María Jesús Montero y despejar la gran incógnita de si el Gobierno les permitirá reinvertir los restantes 12.000 millones de euros de superávit de los que disponen. El tiempo dirá.