Luz verde de sindicatos y empresas a la ley de teletrabajo

Parecía que no sería posible pero al final ha llegado: el teletrabajo en el sector privado será regulado por una ley laboral tras el preacuerdo al que llegaron ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales –patronal y sindicatos–, que previsiblemente será ratificado hoy por todas las partes y aprobado en el Consejo de Ministros tras meses de negociaciones. Este preacuerdo se une al que también alcanzaron ayer los sindicatos de funcionarios (CC OO, UGT y CSIF) para regular el teletrabajo en el sector público.

Sin embargo, éste no lo aprobará hoy el Gobierno, sino que será la próxima semana, ya que todavía existen algunos puntos que deben ser «modulados», según fuentes ministeriales. En el que corresponde al sector privado, al cierre de esta edición ambas partes aún estaban negociando algunos flecos. El principal obstáculo parece haberse superado: que el trabajo a distancia alcance el 30% de la jornada semanal se considerará de carácter regular y, de esta manera, estará regulado por esta nueva ley. Por tanto, si la jornada semanal es de cinco días se tendrá que trabajar más de uno de esos cinco días para considerar que es trabajo a distancia regular. Otros puntos de fricción, como el plazo transitorio para la entrada en vigor de la nueva norma y la regulación de las condiciones del teletrabajo en circunstancias extraordinarias como la actual, también han sido solventados.

Aunque las partes aún están perfilando el texto definitivo será presentado en el Consejo de Ministros para su aprobación, la nueva normativa establece y acota los términos legales para reconocer cada tipo de trabajo: se establece que el trabajo a distancia es la «actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular» y el teletrabajo se reconoce como «cualquier trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos".

Este trabajo a distancia será voluntario y reversible, y los empleados que se acojan a él tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional. Las patronales, CEOE y Cepyme, y los sindicatos, CC OO y UGT, someterán hoy a la consideración de sus organizaciones el preacuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo para su ratificación definitiva. Fuentes de la patronal confirmaron que «se han superado los obstáculos» que distanciaban a las partes y ha convocado a su Comité Ejecutivo. Este acuerdo se dio ayer a conocer el mismo día en el que se supo que las nuevas contrataciones se desplomaron un 28,2% el pasado verano, según los últimos datos de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE). Los rebrotes y la dubitativa política turística que no ha logrado impedir las cuarentenas ni las alertas de los principales mercados emisores de visitantes extranjeros han dejado un verano atípico en el que se han perdido más de un millón de contratos. Una situación que se ha cebado con especial virulencia en los jóvenes y en las regiones más dependientes del turista europeo, como Baleares y Canarias.

Durante julio y agosto se llevaron a cabo en España 2,6 millones de contratos de trabajo, cifra que contrasta con los 3,7 millones del mismo periodo del año anterior. En julio pasado, se registraron 1,5 millones de contratos. El 38,8% (583.000) fueron para menores de 30 años. Un año antes se formalizaron casi 2,2 millones de contratos, de los que el 41% fue para los menores de 30 años, 899.383 contratos. En definitiva, del millón largo de contratos perdidos, casi la mitad corresponde a menores de 30 años.

Con estos datos, hasta los sindicatos han puesto el grito en el cielo ante el «desbocado» paro juvenil, que este verano sumó 6,5 puntos porcentuales más respecto a 2019.