El Gobierno vuelve a corregir el decreto sobre el ingreso mínimo ante la persistencia del atasco de las tramitaciones

Escrivá quiere alcanzar las 180.000 concesiones este mismo mes, el doble de las actuales. Se han aclarado algunos conceptos que seguían siendo demasiado difusos

El atasco en la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) trae de cabeza al Gobierno que, por segundo Consejo de Ministros consecutivo, ha vuelto a introducir cambios sobre cambios en el decreto ley que regula esta nueva prestación. Los nuevos ajustes en la normativa pretenden agilizar su tramitación y permitir que “todos los solicitantes, si cumplen las condiciones, puedan percibirlo y con efectos retroactivos desde 1 de julio”, según confirmó el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El colapso administrativo, que aún se mantiene en cotas muy altas -según denuncian los sindicatos-, ha forzado al Ejecutivo a regularse a sí mismo por segunda vez en poco más de una semana para intentar "llegar a fin de año muy cerca de sus objetivos iniciales”.

La intención de la Seguridad Social es duplicar en un mes el número de hogares beneficiarios, desde los 90.000 actuales a los 180.000 a finales de octubre. “Nuestra intención es que tramitemos entre el 65% y el 70% del total expedientes vigentes ya en proceso de gestión”, explicó Escrivá. Hasta el momento el Ministerio ha reconocido haber recibido más de 900.000 solicitudes, de las cuales se han procesado unas 410.000, aunque solo 90.000 hogares han conseguido beneficiarse -en torno a 300.000 personas-. Del total, al menos la mitad han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos.

Estas cifras son vistas como demasiado optimistas por parte de la Asociación Víctimas del Paro, que muestra su incredulidad. “Nos sorprende el optimismo del ministro, que confía que al final de año se esté muy cerca de los objetivos previstos -esos 180.000 concesiones-. Nosotros casi imposible que si no se modifican más requisitos se llegue a los 850.000 hogares previstos cuando se aprobó el decreto el 29 de mayo”.

Para lograr este salto cualitativo que pretende dar el Ejecutivo se han introducido una serie de modificaciones, encaminadas a abrir “nuevas vías de justificación y documentación de hogares que confluyen en una misma vivienda” y se han aclarado algunos conceptos que habían quedado demasiado difusos, y que habían provocado disfunciones en las tramitaciones y las quejas de solicitantes y funcionarios, como en el concepto de “hogar monoparental”. También se ha ampliado el concepto de unidad de convivencia, incorporando en el mismo a aquellas personas que, “sin vínculos de parentesco o análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de convivencia formada por personas que sí tienen vínculos”, reza la nueva norma. En esos casos se considerará la existencia de dos unidades de convivencia, o lo que es lo mismo, dos familias que convivan en la misma vivienda.

Para que personas sin domicilio fijo no se queden fuera de la prestación, si a través de un contrato se acredita el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma. Asimismo, se ha limitado a los menores de 30 años el requisito de tres años de vida independiente y un año de cotización a la Seguridad Social, de forma que a partir de ahora solo será necesario que acrediten un año de vida independiente para solicitar el IMV los mayores de 30 años.

La pasada semana ya se aprobaron unos «retoques normativos» para ampliar el plazo de respuesta a las solicitudes del IMV, que empezaban a caducar por silencio administrativo. El Gobierno se vio forzado a alargar los plazos de respuesta para no dejar el limbo a más medio millón de solicitudes. El anterior Consejo de Ministros ya aprobó la extensión del periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre y amplió el plazo para resolver y notificar estas solicitudes hasta seis meses, garantizando la tramitación de todas las peticiones recibidas. De este modo, eliminó el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y amplió dicha inscripción obligatoria hasta los seis meses siguientes al reconocimiento de esta prestación.

También otorgó la exención de esta obligación los estudiantes de estudios reglados menores de 28 años, los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, así como personas mayores de 65 años, discapacitadas en un grado igual o superior al 65%, en situación de dependencia reconocida o perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez; de invalidez no contributiva o jubilación no contributiva.

Asimismo, se automatizó el cruce de datos de la Administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para eliminar un trámite que dificulta la entrega de documentación de los ciudadanos y se facilita que los beneficiarios actuales de ingresos mínimos en las comunidades autónomas pasen a ser beneficiarios del nuevo IMV. Pero parece ser que esos “retoques normativos” no han sido suficientes y se han visto obligados a introducir nuevos cambios para resolver sus “deficiencias técnicas”.