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Sánchez, Marx, la farsa y la tragedia

Nada es casual en política, tampoco que Sánchez prometa 800.000 empleos. Felipe González, ahora añorado por unos y orillado por otros, llegó al Gobierno con la misma promesa, y aunque no pudo cumplirla permaneció 14 años en la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía EspañolaMoncloaMoncloa

Pedro Sánchez, aunque famoso por sus cambios de opinión, improvisa poco. Todavía menos lo hace su Jefe de Gabinete y estratega mayor, Iván Redondo, apasionado del ajedrez y estudioso de aperturas famosas. «En política, nada ocurre por casualidad», decía Franklin D. Roosevelt. El que fuera 32 presidente de los Estados Unidos (1933-1945), añadía que «cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para que ocurriera de esa manera».

La promesa del inquilino de la Moncloa, anunciada ante una clase cautiva y digital de embajadores europeos, empresarios y sindicalistas, de crear 800.000 nuevos empleos en tres años, estaba medida hasta donde era posible. Nada casual, sino evocación de otra promesa histórica, también de crear 800.000 empleos, la del PSOE de Felipe González en 1982 antes de arrasar por primera vez en las elecciones de octubre de aquel año y obtener, sí, ¡202 escaños! Los gobiernos de González no cumplieron, pero el primer presidente socialista de la Transición pudo permanecer en la Moncloa casi 14 años, un récord que sueña batir Sánchez, que no habla de 800.000 nuevos empleos por casualidad.

El inquilino de la Moncloa, rehén y carcelero al mismo tiempo de Pablo Iglesias, apuesta casi todo a un descomunal incremento del gasto público en los próximos años, con la coartada de los fondos que deberían llegar de la Unión Europea, pero también con el aval, sin precedentes, de ese Fondo Monetario Internacional (FMI), que ahora dirige Kristalina Georgieva y que recomienda «gasto y más gasto» frente a la pandemia.

Pedro Sánchez, que se reserva en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el reparto de las ayudas europeas, también ha dado instrucciones precisas a su equipo económico. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, presume de alumbrar un techo de gasto de 196.000 millones para 2021, nada menos que un 54% más que el año anterior, aunque orilla esa comparación porque no son circunstancias homogéneas. Esos casi 200.000 millones significan que el total de las Administraciones Públicas españolas –Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social– gastarán el próximo ejercicio entre 600.000 y 650.000 millones de euros. Toda una orgía de gasto, celebrada por Pablo Echenique con el argumento económico de que «no le gustará a la derecha».

Ese dispendio supondrá también un aumento notable del endeudamiento, porque en 2021 la contribución europea es improbable que supere los 30.000 millones. Por eso, y porque conoce bien los vericuetos comunitarios, la vicepresidenta Nadia Calviño defiende con entusiasmo –con especial énfasis en los aspectos de desarrollo tecnológico y transformación digital– el plan del presidente pero insiste en la importancia de que el gasto se convierta en inversión productiva, si no se quiere condenar a varias generaciones al pago de una deuda monstruosa. Tiene las cuentas a mano. Carlos San Basilio, director general del Tesoro y Financiación Internacional, acaba de explicar que España paga una media del 1,93% de interés por sus 1,3 billones de deuda, aunque el coste de la deuda nueva es de apenas un 0,23%. No hace falta ser premio Nobel de Economía para presumir que una subida de los tipos de interés colocaría al erario público español al borde del precipicio.

El techo de gasto de 196.000 millones también tiene un precedente, que puede ser casual, pero poco reconfortante. En 2010, en plena gran recesión, con Zapatero en la Moncloa y Elena Salgado de vicepresidenta económica, esa cifra alcanzó los 182.439 millones. El problema es que sirvieron de poco. Cándido Méndez, secretario general de UGT, convenció entre otros al entonces inquilino de la Moncloa de que en tiempos de crisis es inútil intentar crear empleo y que lo que hay hacer es subvencionar lo que sea necesario.

Aquello acabó con seis millones de parados, mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y años difíciles. Sánchez no es sospechoso de marxismo clásico, otra cosa es el de Groucho. Karl Marx, que adaptó una frase de Hegel, decía que la historia se repite dos veces, «una como tragedia y otra como farsa». El verdadero reto de Sánchez y su Plan de Recuperación es que ahora la historia no vuelva a repetirse, ni como farsa ni como tragedia. «El futuro solo depende de nosotros mismos», escribió Karl Popper pero, claro, era liberal.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, saluda a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado jueves
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, saluda a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado juevesJuan Carlos HidalgoEFE

Primera Junta de Accionistas del Santander en Madrid

La Junta General de Accionistas del Santander, que preside Ana Botín, convocada para el 27 de octubre, será la primera que celebre fuera de la capital cántabra. Será en la llamada Ciudad Financiera del banco, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, y debería aprobar un dividendo complementario de 0,10 euros con cargo a 2019. Los accionistas pueden asistir físicamente, pero se espera que la participación mayoritaria sea delegada o telemática.

Nervios en el sector de las auditoras tras la condena a BDO por el «caso Pescanova»

La crisis y hundimiento de la empresa Pescanova se ha saldado con duras condenas de la Audiencia Nacional, con penas de cárcel para el expresidente Manuel Fernández Sousa y otros cinco directivos y también –y constituye una novedad que puede convertirse en precedente– a la auditora BDO y al socio que firmó las cuentas, Santiago Sañé, al que le han correspondido tres años y seis meses de prisión. La firma, además, debería afrontar fuertes indemnizaciones a los accionistas. El sector de la auditoría espera ahora inquieto que el Tribunal Supremo confirme o no la sentencia. En el que caso de hacerlo, se convertiría en un precedente legal que obligaría a las auditoras a extremar las precauciones y, quizá, a ser mucho más minuciosas o explícitas en sus informes finales para eludir futuros problemas legales.