Sánchez congela los fondos de empleo pese a tener 1,4 millones de parados más

El Gobierno ha congelado la partida dedicada a políticas activas de empleo a pesar de que hay casi 700.000 personas paradas más que hace un año, la peor cifra de paro desde 2009, y a que a los 3.776.485 desempleados registrados en septiembre se suman otros 700.000 parados temporales que aún se encuentran acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Ajeno a esta situación, el Consejo de Ministros aprobó ayer el plan anual de políticas de empleo para 2020, con un importe de 5.793,7 millones de euros, una cifra similar a los 5.794 millones de 2019 y la misma cuantía que en 2018 al encontrarse prorrogados los Presupuestos.

Así pues, las políticas activas de empleo por las que tanto batalló el ahora vicepresidente Pablo Iglesias en la negociación fallida para conformar Gobierno en julio de 2019 recibirán la misma cuantía que en los últimos presupuestos del PP, cuando apenas había 3 millones de desempleados, 776.000 menos.

De estos 3.793 millones, 1.944 millones se han repartido a las comunidades autónomas, un recorte del 16% para las regiones, que dispusieron de 2.317 millones el pasado ejercicio y que son las que gestionan más activamente la formación de los trabajadores. Esos 373 millones de euros de recorte a las regiones se destinarán, según explicó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a cubrir las necesidades de los desempleados. «El plan se ha adaptado y reformulado en función de las circunstancias acontecidas por la pandemia y ha introducido en los servicios públicos de empleo un nuevo paradigma en términos de ocupación del mercado laboral», explicó.

El Ministerio de Trabajo indicó que el texto del plan concreta los objetivos que deben alcanzar tanto el conjunto de España como cada una de las regiones y los adapta al contexto generado por la pandemia. Asimismo, este plan evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos marcados para determinar su impacto en el empleo. El plan se tuvo que reformular en la conferencia sectorial celebrada en abril, cuando se puso en marcha un grupo específico de trabajo con todas las comunidades. Ha tenido en cuenta el Programa Nacional de Reformas 2020, con las medidas adoptadas para hacer frente a las crisis sanitaria, económica y social del virus. Entre estas medidas destacan la prestación para trabajadores afectados por ERTE, el refuerzo de la protección frente al paro o la creación de subsidios extraordinarios como el destinado a las empleadas de hogar. También incorpora medidas para jóvenes y paradas de larga duración.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, pidió en 2019 desde la tribuna del Congreso las competencias de las «políticas activas de empleo» para evitar a Sánchez tener que concurrir a nuevas elecciones. «Renunciamos al Ministerio de Trabajo si nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo», ofreció Iglesias a su actual socio de Gobierno.

Aunque el Estado solo gestiona alrededor del 40%, orientadas a ofrecer incentivos a la contratación, los planes de formación y orientación de las regiones, Iglesias pretendía reelaborar parte del plan para ganar competencias en la gestión de esas partidas. La idea era centralizar esos casi 6.000 millones y restar competencias a las regiones, donde la formación morada no disponía de ningún gobierno. Andalucía, Cataluña y Madrid, la primera y última gobernadas por el PP, son las autonomías que más fondos reciben de la partida destinada a formación para las regiones.