La prolongación de la incertidumbre económica fruto de la nula preparación del Gobierno ante la más que previsible segunda oleada de la Covid-19 en España está llevando al límite a miles de empresas españolas. No solo a las que a duras penas resistieron sin recurrir a las ayudas sino también y, sobre todo, a las que se vieron obligadas a solicitarlas por encontrarse fuera de los sectores esenciales –durante la fase más dura del primer estado de alarma– y luego por ser víctimas de las medidas de distanciamiento social y de las restricciones derivadas.

La desesperación es tal que centenares de empresas están comenzando a devolver a la Seguridad Social los beneficios generados por las exoneraciones en las cotizaciones de los que disfrutaron mientras lograron ser admitidos en el paraguas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor.

Se trata, según indican las fuentes consultadas por este diario, de empresas de todos los tamaños, pero especialmente las vinculadas sobre todo al comercio, la hostelería y la restauración, que prevén un horizonte de restricciones hasta bien entrada la primavera y que comienzan a plantearse que la «hibernación» que proporcionaban los ERTE no les sale a cuenta.

Aluvión de despidos

El primero en dar la voz de alerta no fue precisamente un representante empresarial sino el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien advirtió de que el mercado laboral se enfrenta en los próximos meses a una «avalancha de despidos. Según el líder sindical, el fondo de garantía salarial (Fogasa) va a recibir una avalancha de solicitudes al fracasar las medidas puestas en marca por el Ejecutivo para sostener la economía y la cerrazón del Gobierno para poner fin a los ERTE, lo que genera incertidumbre. «Estamos viendo cómo muchas empresas han comenzado a reembolsar a la Administración el coste del ERTE para proceder al despido, después de ver que no es viable la empresa por el largo periodo que lleva en esa situación», explicó Álvarez.

Para evitar esta situación, Álvarez pidió perfeccionar el funcionamiento de los ERTE para «seguir manteniendo los niveles de protección» actuales. El líder sindical recogía la inquietud transmitida por las secciones de UGT sobre las cada vez más generalizadas devoluciones realizadas por empresas que ven cómo les sale más rentable reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, con tal de desvincularse de la cláusula de salvaguarda del empleo.

Esta limitación obliga a las empresas –salvo despidos por causas disciplinarias procedentes y otras excepciones– a mantener los puestos de trabajo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Ni siquiera las excepciones contempladas para las empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo, precisamente las que están devolviendo las ayudas, parecen convencerlas de aguantar un poco más. «No son hechos aislados, muchas empresas están haciendo números y no les salen las cuentas, así que tenemos que ser previsores ante lo que se viene encima a no ser que se pongan las medidas que devuelvan las expectativas a estas empresas para que mantengan el empleo», señala una fuente sindical.

Bandazos del Gobierno

Las patronales y los despachos laborales recogen cada vez más preguntas de los trámites necesarios para acceder a la aplicación Casia de la Tesorería General de la Seguridad Social desde la que se realizan las devoluciones. Fuentes empresariales aseguran a LA RAZÓN que los reajustes de plantilla son consecuencia de la indefinición a la que se enfrentan como consecuencia de los bandazos que da el Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria, económica y social, imponiendo –primero– un severo cerrojazo, el más duro de Europa, para luego reabrir en verano todas las actividades, asegurar que se había vencido al virus y animar a los españoles a viajar por el país y consumir y, finalmente, transferir toda la responsabilidad a las comunidades autónomas. «Muchas empresas tienen que reaccionar ya porque, sencillamente, no pueden esperar a que (el Gobierno) decida cómo va a enfrentarse a esta segunda ola de cierres. Ni siquiera saben hasta cuándo van a seguir en vigor los ERTE, si hasta final de enero o se van a prolongar unas semanas o algún mes más», indica una fuente del diálogo social que asegura que la prórroga de este instrumento es inevitable y que deberá contener incluso más ayudas que las anteriores puesto que el deterioro en algunos sectores es enorme al llevar prácticamente inactivos casi tres trimestres.

En este sentido, el propio Álvarez demandó ayer mantener los ERTE y remarcó que es un error ponerle fecha de fin. En una comparecencia en el Consejo General de Economistas, aseguró que en septiembre se volvió a caer en el error de pensar que se tenía que poner una fecha a los ERTE. «Es un error pensar que una empresa está en un ERTE porque quiere o le da beneficios», subrayó.

Los sindicatos mantienen clara sintonía con la patronal en otros aspectos, como la necesidad también de renegociar la devolución de los créditos ICO ante la falta de liquidez, otro motivo que esta acelerando los cierres totales de las empresas. Fuentes empresariales avisan de que «vamos a tener un problema enorme» con las pymes si no se flexibilizan las condiciones. El pasado mes de abril muchos trabajadores autónomos con necesidades financieras o de refinanciación, solicitaron préstamos ICO en el primer paquete de créditos. El valor de esas ayudas fue de 20.000 millones de euros, de los que, al menos la mitad, estaban destinados a autónomos y pymes que ahora se enfrentan a las primeras devoluciones y piden una moratoria.