«Las pensiones no se tocan a la baja y si el ministro Escrivá prosigue con su intención de recortarlas nos va a tener enfrente». Así de contundentes se muestran varias fuentes parlamentarias de Podemos consultadas por este diario. La formación no está dispuesta a transigir con la posibilidad de que José Luis Escrivá saque adelante sus planes para ampliar en diez años, hasta los 35, el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación. «Se trata de una línea roja que no es negociable al menos en esos términos», remarcan los morados, muy beligerantes con el titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a quien consideran la «nota liberal» más discordante de la coalición de Gobierno.

La posibilidad de que esas pensiones vean recortada su cuantía en un 5%, según las estimaciones realizadas, como consecuencia de la introducción de esta medida supone para Podemos una violación de los acuerdos de Gobierno y más que el enésimo choque entre ambas formaciones. «Es una traición a los pactos de la coalición que tendrá consecuencias», aseguran desde Unidas Podemos. Los morados valoran incluso una crisis de Gobierno si Escrivá se mantiene en sus trece, ya que sus planes de reforma «atacan la línea de flotación de los pactos de la coalición y van contra las propias recomendaciones del Pacto de Toledo» sobre la futura reforma de las pensiones.

Desde que se filtrara el borrador sobre el que trabaja Escrivá a instancias del núcleo económico del Ejecutivo –muy presionado por la Comisión Europea para presentar reformas creíbles de modernización del mercado laboral y para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones público– la respuesta de Podemos ha sido unánime.

La formación que dirige Pablo Iglesias asegura que el planteamiento de Escrivá es en realidad una propuesta de Fátima Báñez, ex ministra de Empleo del PP, fichada por la patronal CEOE. «Es una propuesta del PP que no tiene sentido cuando lo que se pretende es salir de la senda neoliberal, del austericidio y del recorte de las pensiones», remarcan las fuentes consultadas.

Podemos ni se plantea negociar sobre esta «línea roja» y descarta la propuesta de Inclusión de ampliar a 35 años el cálculo de la pensión, eso sí, con salvedades. La última oferta del ministro ante el rechazo del «ala morada» del Ejecutivo a su reforma incluye la posibilidad de desterrar los peores años de cotización para el cálculo de la pensión en esta ampliación progresiva a diez años. Se pasaría de los 25 años (o 300 bases de cotización en 2022) a los 35 años restando alguno de los menos favorables. Escrivá trata así de amortiguar y hacer «digerible» el recorte generalizado para los pensionistas futuros, los del «baby boom» de los 60 y 70 del pasado siglo, que se jubilarán en los próximos 25 años y que dispararán la cifra de pensionistas en más de cinco millones, hasta alcanzar los 15 millones de pensionistas antes de mediados del siglo. La formación califica de «trampa» esta exención con el fin de aprobar ese recorte y exige a Escrivá que plantee la misma opción sobre los actuales 25 años de cálculo.

Ampliar el periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión provoca, en carreras de cotización estables, que el trabajador medio verá reducida la cuantía de su pensión, ya que en las primeras etapas de la vida laboral los salarios (y, por lo tanto, las cotizaciones) son más bajos. De la misma manera, los últimos años de vida laboral suelen ser los más favorables en términos de cotización.

Por otra parte, este sistema puede beneficiar a aquellos trabajadores que cesan antes de alcanzar la edad de jubilación y no vuelven a cotizar. Sin embargo, y pese a las sucesivas crisis desde 2007, los expertos coinciden en que lo normal es empezar ganando menos, con contratos a tiempo parcial o en prácticas, e ir aumentando el salario y las cotizaciones con el tiempo. En este caso, incluir todas las cotizaciones desde el principio contribuiría a reducir el importe de la pensión de jubilación.

El grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura calcula un recorte de la pensión cercano al 5% con una nueva ampliación en diez años. Un volumen similar al retroceso que se experimentó en la pensión media con la reforma de 2011.

La conclusión de este nuevo choque es que Escrivá deberá retirar o edulcorar mucho más su propuesta si no quiere ver comprometido el cargo, ya que sus socios de Gobierno no la apoyarán en el Parlamento en los términos actuales. «Ni siquiera desde el PSOE se defiende esta reforma», advierten.