Rebelión de hosteleros y restauradores contra la ley rider

El preacuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para la aprobación de la ley rider ha nacido con polémica y sin consenso. A las críticas y la negativa otorgada por varias asociaciones -la Asociación Autónoma de Riders (AAR), la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (AsoRiders)-, que advierten que aboca a este colectivo a la precariedad y al paro, se ha sumado un manifiesto firmado por casi un millar de restaurantes, que operan a través de plataformas de ‘food delivery’ en España como Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, que reclaman al Gobierno una “solución regulatoria” que no dañe aún más a un sector que está fuertemente impactado por la crisis del coronavirus y critican duramente el preacuerdo alcanzado.

En concreto, los hosteleros, que han firmado el ‘Manifiesto de restaurantes sobre la ‘Ley Rider’ reclaman una solución a la actual situación que permita fijar un marco que “aporte seguridad jurídica” al sector del reparto de comida a domicilio. Pretenden que la nueva ley permita a estos trabajadores “mantener la flexibilidad”, esencial para la supervivencia de la economía a demanda y que “no debería ser incompatible con que las plataformas puedan ofrecer mejores coberturas y condiciones de trabajo a los repartidores”, por lo que instan a trabajar para lograr una “solución que beneficie a todos y no destruya un sector incipiente con un gran impacto socioeconómico en España”.

Los restaurantes firmantes señalan que el reparto de comida a domicilio se ha convertido en el último año de pandemia “en un elemento imprescindible para muchos negocios, grandes y pequeños, que durante meses se han apoyado y han invertido en este servicio para mantener el máximo posible de actividad y empleo”, por lo que una laboralización forzosa de los repartidores, como la acordada ayer, llevaría a los restaurantes, en su mayoría pequeños y medianos comercios, a dejar de percibir una importante fuente de ingresos adicionales. Según sus estimaciones, estos establecimientos podrían dejar de ingresar más de 250 millones de euros solo en los primeros 12 meses. Según un estudio elaborado por AFI para Adigital, el sector del ‘delivery’ generó más de 708 millones de euros de valor añadido bruto en 2019, un 10,1% más que en 2018, y contribuyó a generar o mantener más de 15.300 empleos totales en restauración, comercio minorista y sectores asociados.

Los restaurantes han advertido que el “elevado coste” que tendría la laboralización forzosa de todos los repartidores que actualmente operan a través de plataformas en términos de empleo (23.000 personas) provocará la pérdida de muchos de estos empleos, así como un impacto muy negativo en los ingresos de los restaurantes y otros comercios.

Tras el preacuerdo alcanzado ayer, el Gobierno se ha comprometido a remitir a los agentes sociales un documento de síntesis que integre las propuestas que han puesto encima de la mesa tanto unos como otros. Es probable que esta norma vaya para su aprobación al Consejo de Ministros próximamente, aunque no hay un plazo fijado. Varias asociaciones de ‘riders’ han pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una reunión para presentar alternativas a la “laboralización forzosa”, entre ellas los sistemas implantados en Francia o Italia, para que los repartidores que quieran sigan siendo autónomos para decidir “cuándo trabajar, dónde y cómo hacerlo” y si es con una o con varias plataformas.