La hostelería y el comercio estudian reclamar en los tribunales los 12.500 millones de ayudas que no llegan

La hostelería y el comercio, dos de los sectores más vapuleados por la pandemia y por las restricciones aprobadas por las administraciones públicas y medidas se han unido en un gran alianza para exigir ayudas “directas compensatorias y urgentes” a las Administraciones por valor de 12.500 millones de euros, 8.500 millones de euros irían destinados a la hostelería, mientras que 4.000 millones corresponderían al sector del comercio.

Cansados ya de promesas y de anuncios, las patronales de ambos sectores -agrupadas en Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), Amicca, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (Anceco), Confederación Española de Comercio (CEC), Comertia, Eurelia, Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), además de Hostelería de España y de Marcas de Restauración, que representan a bares y restaurantes- han advertido de que si no se confirman en un espacio de tiempo “razonable” las ayudas directas prometidas a estos dos sectores, se iniciarán miles de demandas judiciales contra todas las administraciones públicas para reclamar el montante que solicitan -los 12.500 millones- a través de los tribunales en concepto de indemnizaciones por pérdidas.

“El objetivo de esta gran alianza está siempre enfocada en la defensa de los intereses de ambos sectores y con el fin de evitar la destrucción de empresas, de empleos y la rotura de la cadena productiva”, ha explicado la portavoz de hostelería y secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado. De esta forma, la alianza reitera la necesidad de “ayudas directas compensatorias” por los cierres y limitaciones de actividad que han provocado en la actualidad la desaparición en España de 148.000 negocios, unas pérdidas de facturación de 82.000 millones de euros y que se hayan destruido medio millón de empleos.

Los representantes de los comerciantes, que hasta ahora habían evitado hablar de tribunales, plantean ya interponer demandas colectivas contra el Gobierno y las CCAA por las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria como está haciendo la hostelería. La base jurídica en la que se sustenta su argumentación es la misma que han utilizado los hosteleros, la que establece la ley que regula el Estado de Alarma, que dispone que “las personas afectadas por las actuaciones administrativas dictadas en ese período tienen derecho a ser indemnizadas”.

Carlos Moreno, portavoz del sector del comercio y secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), ha resaltado que “nos estamos jugando el futuro, si la hostelería y el comercio funciona, España va a funcionar. Llamamos a la sensatez al Gobierno, porque el no tomar medidas está provocando la muerte de muchas compañías y la pérdida de muchos empleos”. Por ello, Nevado ha advertido que si no se adoptan de “carácter inmediato para salvar a unos sectores que aportan la quinta parte del PIB del país iniciaremos miles de demandas como las que está interponiendo la hostelería”.

La acumulación de estas demandas por pérdidas de facturación por culpa de las decisiones políticas irían destinadas a recuperar vía judicial al menos los 12.500 millones que reclaman al Gobierno como ayuda directa inmediata que pueda salvar la mayoría de los negocios en peligro. La alianza de hostelería y comercio ha presentado además una nueva serie de propuestas concretas a la Administración con una batería de medidas financieras, laborales, de alquileres y fiscales. Así, entre algunas de ellas, figuran el incremento del periodo de carencia de los ICO en 12 meses, ayudas directas en la proporción al descenso de las ventas respecto a 2019, la prolongación de los ERTE más allá del 31 de mayo, hasta diciembre de 2021, la posibilidad de flexibilizar la plantilla, ajustar los contratos de los alquileres, la reducción temporal del IVA para potenciar el consumo o exenciones en tasas como el IBI o las basuras, entre otras propuestas.

También hoy, cerca de un millar de dueños de bares y restaurantes agrupados en la plataforma La Hostelería de Todos han iniciado el proceso para reclamar 65 millones de euros al Gobierno por daños y perjuicios, por las restricciones aprobadas para frenar la pandemia, y amenazan con llevar el caso hasta el Supremo. Las demandas han sido presentadas por el despacho de abogados de Cremades & Calvo-Sotelo ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un paquete de cien reclamaciones administrativas. “Iniciamos el camino hasta el Supremo; por el momento hemos presentado 100 reclamaciones y seguiremos presentando más en los próximos días y semanas en bloques de 100 o 200”, ha explicado el socio del despacho Diego Solana en declaraciones a los periodistas durante el acto de presentación.

El abogado ha detallado que, antes de interponer una demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, la normativa exige presentar antes una reclamación ante la Administración. “Ahora mismo agrupamos a más de mil hosteleros (...), pero cada día se suma más gente”, ha señalado Solana, tras apuntar que por ese motivo la cifra exigida por daños y perjuicios también se incrementará previsiblemente.

Este bufete ha basado su argumentación jurídica en el mismo sentido que el resto de demandas ya presentadas por patronales y empresas, en que la ley que regula el Estado de Alarma dispone indemnizaciones para las personas afectadas por las decisiones administrativas dictadas en ese periodo. La cuantía reclamada corresponde a la diferencia entre la facturación de los hosteleros en 2020 respecto a una media con los ingresos de los tres ejercicios anteriores.

Una de las promotoras de esta plataforma, la dueña y chef del restaurante madrileño Étimo, Begoña Fraire, quien ha advertido del mal arranque de 2021 y del riesgo que existe de que los cierres y los despidos continúen aumentando. “Nos prohíben trabajar, pero no nos han quitado ningún pago. No nos han ayudado con los arrendadores ni tampoco con los pagos a Hacienda o la Seguridad Social. Vamos a ir a los tribunales para pedir por esas pérdidas que sufrimos desde el Estado de Alarma”, concluyó.