Los empresarios se plantan con la penalización a la subcontratación

No se han iniciado las negociaciones sobre la reforma laboral con las mejores perspectivas. Las posturas no están ni siquiera cercanas, al menos las que corresponden a la patronal, representada por CEOE y Cepyme, que reconocieron ayer a LA RAZÓN que acuden «como siempre», con ganas de negociar pero a sabiendas de que «no toca afrontar esta reforma, no es el momento. Ahora hay que hablar de los ERTE, que caducan el 30 de mayo, de las pensiones, que nos exige reformar Europa, de políticas activas de empleo, que nos exigen los fondos europeos, o de la reducción de la dualidad del mercado laboral. Por qué no centramos los esfuerzos en lo urgente y necesario y apartamos la ideología, que este Gobierno antepone a todo», advirtió Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. Pese a ello, no marcan «líneas rojas».

Pero la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en pleno ascenso político, ha decidido que ya era hora y convocó ayer a los agentes sociales para constituir la mesa de diálogo de la reforma laboral. En ella se abordarán no sólo los aspectos sobre los que la ministra tiene especial interés, sino también otras materias remitidas a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, entre las que figuran la contratación, medidas contra la precariedad laboral, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad y el freno a la subcontratación, que ya estuvieron sobre la mesa en la anterior negociación, pero que las citas electorales y la pandemia dejaron en un cajón.

Precisamente sobre la subcontratación ya han saltado chispas, por el empeño ministerial de lograr una limitación «clara» cuando se utilice como un «mero instrumento de reducción de costes», para «avanzar hacia la equiparación» de las condiciones de trabajo de los subcontratados con los que están en plantilla en la empresa principal.

Pero desde la patronal no se muestran nada dispuestos a hacer cambios en este sentido si estos «reducen la competitividad de las empresas e impiden que salgan de esta crisis y compliquen aún más su operatividad», explicó a este diario Cuerva, que advierte de que «no es de recibo que las empresas no tengan libertad para subcontratar cuando lo necesiten. Sería un atropello e impediría que las empresas pudieran seguir creciendo». La propia CEOE le ha recordado en varias ocasiones a la ministra que la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados, logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno. «Una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas», defienden.

Esta reforma no será ni íntegra ni completa, «de momento», explicaron a LA RAZÓN fuentes ministeriales. La propia Díaz ha querido ir con pies de plomo antes de abrir el melón y ni siquiera se ha atrevido a hablar de reforma laboral, refiriéndose a ella como una «modernización del mercado laboral». Las mismas fuentes reconocen que la incertidumbre que marca todavía la pandemia hace «muy complicado» hacer una reforma íntegra, por lo que se va a optar por hacer unos «cortes quirúrgicos» que salven el acuerdo de Gobierno.

El equipo de Trabajo ha apostado en un primer arranque por presentar la reordenación de la tipología de los contratos –generalizando, simplificando y bonificando los indefinidos y penalizando la temporalidad–, y dejando los contratos temporales en términos de causalidad. La primera propuesta ministerial apuesta por penalizar el uso excesivo de contratos de menor duración para evitar su uso fraudulento. En este apartado entra también el polémico punto de la subcontratación, que ya deja claras las divergencias.