Iberia, negocio privado con ayuda del dinero público

Las acciones de IAG, matriz de Iberia, han doblado su valor tras el desplome generado por el estallido de la pandemia hace un año pese a que la actividad aérea sigue bajo mínimos y con las inestables perspectivas de recuperación del sector a corto y medio plazo. ¿Dónde está la clave para este repunte en la cotización de sus títulos? La variable que aparece por todas partes es el respaldo del dinero público, tanto por parte de los gobiernos británico e irlandés como del español.

Para empezar, Iberia y Vueling -compañía también de IAG- han sellado contratos de financiación sindicada bajo el sistema de protección del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que suman más de 1.000 millones de euros.El acuerdo está dentro del marco legal establecido por el Gobierno español para mitigar el impacto económico de la Covid-19, que garantiza un aval público del 70%. Bajo este paraguas, el ICO ha concedido a Iberia avales sobre la financiación por un máximo de 750 millones de euros y a Vueling, de 260 millones. Los contratos de financiación tienen una duración de 5 años, con fecha de amortización el 30 de abril de 2023, estando Iberia y Vueling facultados para proceder a su repago cuando quieran previa notificación. Con ese crédito, la compañía tiene un colchón próximo a los 2.000 millones clave para la absorción de Air Europa a mitad del precio pactado.

Más recursos

Gracias a esta posición, Iberia parece descartar acudir al fondo de rescate de empresas estratégicas que supongan la entrada del capital público en IAG aunque no descarta ampliar créditos del ICO con una garantía del Estado del 90% en lugar del 70% actual, lo que le permitiría acudir al mercado con menores exigencias.

Pero este no es el único escudo con dinero público. Entre septiembre y octubre de 2020, el holding aéreo completó una ampliación de capital de 2.750 millones de euros para reforzar su balance ante los estragos que las restricciones de movilidad causan al sector aéreo. La ampliación se realizó de urgencia para ampliar la liquidez y frenar el creciente endeudamiento. La SEPI, brazo inversor del Gobierno, destinó alrededor de 70 millones de euros a la operación y se hizo con 76 millones de títulos de IAG a un precio de 0,92 euros por acción, con un descuento teórico del 58%. Tras la fusión de Iberia-British Airways, SEPI mantiene un 2,71% en IAG. Aunque tras la ampliación de capital el porcentaje total de la SEPI ha quedado diluido a alrededor del 2,5%.

Por último, está la operación de compra de Air Europa, que amplía la posición dominante de Iberia en los vuelos nacionales y hacia Latinoamérica. En noviembre pasado, Air Europa recibió dos préstamos por un valor total de 475 millones de euros procedentes del fondo de rescate de empresas estratégicas solventes afectadas por la pandemia, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La condición era consultar al Estado para el nombramiento del futuro consejero delegado y que la SEPI tenga dos consejeros o derecho de veto en decisiones estratégicas o despidos. A cambio, además del rescate de Air Europa, y para que no se rompiera la venta, el Gobierno aceptó rebajar un 50% el valor de venta de la compañía. El acuerdo previo con Iberia contemplaba el pago de 1.000 millones una vez superado el examen de Bruselas. La pandemia y la necesidad del Gobierno de salvar miles de empleos de Air Europa ha reducido el precio a 500 millones.

Sin embargo, Iberia pretende «renegociar» las condiciones. Y aunque la compañía no ha dado aún pistas de cuáles quiere tocar, la SEPI sí que tiene claro que hay líneas rojas que no se pueden traspasar. La sociedad pública tiene claro que el Estado debe tener ojos y oídos en Air Europa. Si el dinero del rescate es público, tiene que haber alguien del Estado en la aerolínea, según fuentes próximas a la empresa. La SEPI considera que su misión es velar por el buen empleo de esos 475 millones de euros y porque sean reembolsados en las arcas públicas. Disponer de representantes que reporten los planes de la aerolínea está fuera de cualquier duda para el Estado.