«Ayusomanía» y guerra fiscal

La teoría de la elección pública del Nobel de Economía James Buchanan señala que el Estado no es un ente totalmente desinteresado y benéfico, al estar constituido por un conjunto de políticos o funcionarios movidos por intereses también particulares, sea en términos de rendimiento electoral, mantenimiento de votos, cargos públicos, o pluses, gratificaciones, dirección de negociados u otras prebendas. Por tanto, la reducción del peso de la Administración y la ampliación e impulso de la sociedad civil es coherente con la necesidad de minimizar el gasto político. Lo que parece estar siendo relativamente bien entendido en la Comunidad de Madrid, desde el punto de vista impositivo.

Pero he aquí que el exitoso modelo tributario de Madrid es puesto en cuestión por algunos. Y cuando de repente vienen unas elecciones autonómicas se ven obligados a combatir en un terreno en el que no querían combatir. Y la posible eliminación de las bonificaciones que los madrileños disfrutan tanto en los impuestos sobre Sucesiones como en Patrimonio se dirimen el próximo 4-M. Máxime cuando la pretensión de su presidenta, Díaz Ayuso, es seguir reduciéndolos.

Concretamente, en medio punto en todos los tramos de la tarifa del IRPF. Una rebaja de la tarifa autonómica de 2,5 puntos, lo que vendría a beneficiar a todos los contribuyentes en Madrid de dicho impuesto, que son tres millones. Y con el consiguiente ahorro para ellos de unos 300 millones de euros, que quedarían para consumo o inversión, incrementando en cualquier caso la demanda agregada de la sociedad madrileña, hoy motor de la economía española.

También con mayores bonificaciones para jóvenes y familias, y más facilidades para atraer empresas y capitales, dentro de un «market friendly approach». Esto hace que incluso para una renta de 25.000 euros anuales una persona pague menos impuestos en Madrid que en otras regiones, como por ejemplo Cataluña, con su altísimo gasto político. Y Madrid se lo puede permitir por las eficiencias de su sanidad y educación concertada, grado de apertura a la libre iniciativa individual, menores costes en la economía de la lengua, y otros.

Entretanto, Gabilondo carga con sus 18 enmiendas antiguas registradas en la Asamblea de Madrid destinadas a todo lo contrario: limitar las deducciones fiscales existentes, con una subida de 1.200 millones de euros en impuestos. No solo aumentando IRPF, sino Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, y cambiar el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio, ese viejo impuesto confiscatorio ya desaparecido en el resto de la UE.

Respecto a sus únicos potenciales compañeros de gobierno (sic) deja sus también añejas propuestas de creación de una banca pública, subir todo impuesto que se precien además de crear otros, sean turísticos, inmobiliarios o digital o ecológicos. Excepto para los manteros, beneficiarios del efecto llamada único en Europa que supone adquirir derechos de arraigo con solo tres años de residencia en España sin cotización alguna al sistema, accediendo así a la nacionalidad y al voto buscado por Iglesias. A coro con un Gabilondo declamando contra la «ultraderecha y el gobierno de Colón», en un discurso manido que no se cree ni él. Tampoco Sánchez. Pero algo hay que decir.