El miedo a la reforma de las pensiones dispara un 26% las jubilaciones anticipadas de funcionarios

El temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión por la reforma que planea el Gobierno en materia de pensiones y tras el traspaso de la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social ha provocado una “oleada” de jubilaciones anticipadas entre los funcionarios, según ha denunciado este jueves el sindicato CSIF.

Según una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta de varios diputados del PP a la que ha tenido acceso Europa Press, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad entre los funcionarios de Clases Pasivas, un 26,2% más que en el mismo periodo de 2019.

La mayoría, más de 8.000 jubilaciones, se registraron en el sector educativo, en tanto que 263 las protagonizaron funcionarios de Justicia, y 32 se circunscriben al ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (12 en la Policía, 11 en las Fuerzas Armadas y 9 en la Guardia Civil).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha denunciado que durante el confinamiento domiciliario el Gobierno aprobó “de extranjis”, con “nocturnidad” y sin debate previo el traspaso de la gestión de las pensiones de clases pasivas a la Seguridad Social en el marco del Real Decreto 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

En opinión del sindicato, el Gobierno, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, hizo un “mal uso” de dicho decreto porque el traspaso a la Seguridad Social de la gestión de Clases Pasivas “no reúne los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad”.

CSIF solicitó entonces a los grupos parlamentarios que presentasen recurso de inconstitucionalidad contra dicho Real Decreto, así como que el mismo se tramitase como proyecto de ley. El PP presentó ante el Pleno del Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite el pasado mes de julio y que está pendiente de resolución.

El decreto se tramitó finalmente como proyecto de ley, por lo que admitirá enmiendas. CSIF ha hablado con las formaciones del Congreso y entre las enmiendas presentadas se encuentra la denuncia del sindicato y del PP de que no existía “urgente y extraordinaria necesidad” para aprobar un decreto que ni siquiera se negoció con los sindicatos. “Hemos hablado y trasladado a los Grupos Parlamentarios unas enmiendas que se debatirán próximamente para mantener los derechos adquiridos y evitar este traspaso de competencias”, ha explicado Lama.

El número de pensiones pertenecientes a Clases Pasivas en vigor a cierre del mes de marzo fue de 668.759, según datos de Seguridad Social. La nómina mensual de estas pensiones ascendió en dicho mes a 1.216,3 millones de euros, un 4,7% más que en marzo del año pasado.