El comercio estalla contra la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros: es una medida ideológica y un lastre

El sector advierte de que no servirá para luchar contra el fraude y que pone trabas a la recuperación del consumo en un sector muy golpeado por la crisis

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10/09/2014
Billetes, monedas, euros, euro, dinero EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 10/09/2014EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Indignado, incrédulo e impotente. Así ha amanecido hoy el sector del comercio después de que ayer, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobase la ley contra el fraude fiscal que incluye entre sus medidas limitar a un máximo de 1.000 euros los pagos en efectivo en las tiendas. Una medida que esta industria considera una barrera más para su recuperación y que, según aseguran, no ha servido para luchar contra el fraude en aquellos países como Francia que la han adoptado.

La patronal de grandes superficies comerciales (Anged), la Confederación Española de Comercio (CEC), la del sector textil (Acotex) y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (Fece) han denunciado hoy que la medida “pone palos en las ruedas de la dinamización del consumo”. “Puede incidir en la recuperación del sector, uno de los más afectados por la pandemia”, según ha advertido Javier Millán-Astray, director general de Anged. La caída del consumo en España (16%) ha doblado la media europea y ha llevado a las destrucción de 60.000 empleos. Y limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo constituye una barrera a su recuperación porque, según ha asegurado Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de CEC y secretario general de Fece, limita la libertad de los consumidores. Y bastante tienen ya, aseguran, no sólo con el derrumbe del consumo sino con la falta de ayudas, pues, según han denunciado, las empresas todavía no han visto ni un euro de los 7.000 millones para ayudas directas aprobados en marzo.

Para el comercio, el dinero en efectivo es un medio de pago emitido y garantizado por los estados. Por eso, abundan, no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos. Se trata, según han recordado, del medio de pago utilizado en ocho de cada diez operaciones en España y limitarlo de esta manera es un obstáculo al consumo porque obligaría a muchos a emplear unas tarjetas de crédito que no quieren. “Hay muchos consumidores que no tienen tarjetas de crédito con un límite superior a 800 euros”, ha asegurado Moreno-Figueroa. “Mucha gente no quiere usarlas porque tienen un coste y porque, además, no quieren que se fiscalicen sus preferencias de consumo”, ha añadido Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.

Contra Europa

En opinión de las organizaciones, no es el momento de adoptar medidas que no sólo pueden perjudicar la recuperación y que van en dirección contraria a las promovidas en Europa. Según han asegurado, en sus conclusiones de marzo de 2021 relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE, el Consejo Europeo reconoce que “el efectivo sigue desempeñando un papel esencial” como “salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas e infraestructuras de pago”. Concluye que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios”. Una línea, aseguran, defendida también por el Banco Central Europeo y la Comisión y que choca frontalmente con las medidas que pretende introducir el proyecto de ley tramitado en las Cortes.

El comercio asegura que en Europa apenas hay países que limiten el uso de efectivo y que aquellos que lo han hecho han tenido que dar marcha atrás -como ha ocurrido en Italia- o no han logrado el objetivo de luchar contra la economía sumergida que se persigue.

En el sector ha escamado especialmente la actitud que han adoptado los partidos puesto que, según ha asegurado Zamácola, es “indignante” que, en reuniones privadas, hayan mostrado su apoyo al sector y luego hayan votado a favor de la prohibición. Una limitación que, según han resaltado todos los representantes del sector, nadie ha sido capaz de justificarles porque, entienden, no tiene justificación y sólo obedece a un planteamiento ideológico del Partido Socialista. Según ha asegurado Millán-Astray, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, les ha asegurado que la medida no ha pasado por el Consejo de Ministros y se incorporó después a la ley a través de la enmienda socialista.