El Congreso bendice las inspecciones sorpresa de Hacienda

La ley antifraude continúa su trámite en el Senado, tras estar bloqueada seis meses en el Congreso

Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, con la intervención de la Portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, con la intervención de la Portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Jesús G. FeriaLa Razón/Pool

Tras permanecer bloqueada seis meses en el Congreso de los Diputados por la ausencia de acuerdo entre el PSOE y Podemos, la ley antifraude continúa hoy su trámite parlamentario en el Senado, después de que la haya aprobado este martes la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, que cuenta con competencia legislativa plena para ello. El proyecto de ley medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal bendice las inspecciones sorpresa de la Agencia Tributaria, eso sí, siempre y cuando tengan respaldo judicial. De esta manera, los socialistas intentan zanjar la polémica judicial suscitada por las inspecciones fiscales sin previo aviso de la Agencia en los domicilios de los contribuyentes. Además, se prohíben amnistías fiscales, se limita del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y se endurece el régimen fiscal de las sicav.

La adaptación de la norma a las exigencias judiciales se produce con la inclusión de una enmienda aprobada ya, que desarrolla el artículo de la Ley General Tributaria dedicado a las autorizaciones judiciales para la entrada en el domicilio de los contribuyentes, con el fin de establecer que esta solicitud “deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada”. Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial, prosigue la enmienda, podrán practicarse antes del inicio formal del correspondiente procedimiento “siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial”. Además, “la solicitud de autorización judicial, necesaria salvo que hubiera consentimiento del contribuyente, deberá incluir el acuerdo de entrada de la autoridad administrativa correspondiente”. Para el PSOE, estas modificaciones no alteran las garantías de control judicial ni la exigencia de que toda solicitud de autorización judicial deba aportar indicios de supuestos ilícitos, sino que se habilita a que la entrada pueda realizarse tanto durante una inspección como simultáneamente a la notificación del acto iniciador de dichos procedimientos.

Hasta llegar a la Comisión de Hacienda, los socialistas han conseguido sacar adelante sus enmiendas con el apoyo de Unidas Podemos, el PNV y el Partido Regionalista Cántabro, así como puntualmente con el respaldo de el PP, Cs o el PDeCAT. Con la aportación también del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, el proyecto de ley saldrá hoy destino al Senado para iniciar su recta final de tramitación parlamentaria. Estas formaciones han logrado rebajar las exigencias a los representantes aduaneros, alegando un posible incremento de costes en las transacciones en los puertos y, por tanto, una posible pérdida de competitividad en estos centros logísticos.

La futura ley obliga a tributar a las socimis el 15% de sus beneficios no distribuidos y a endurecer las condiciones de inversión en las sicavs para poder beneficiarse de una tributación del 1%. Eso sí, se contempla una pasarela para inversores de sociedades disueltas libre de impuestos. En concreto, a las sicav la nueva ley fijará requisitos de inversión mínima de 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de una sicav por compartimentos, para contabilizarlas dentro del mínimo de cien participantes necesario para tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Para aquellas sociedades que se disuelvan como consecuencia de esta regulación, se plantea un régimen transitorio de seis meses exento de impuestos, incluida la Tasa Tobin, condicionado a la reinversión en otros instrumentos. Mientras, las socimis tributarán al 15% de sus beneficios no distribuidos. Este gravamen especial se aplicará sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto de Sociedades que estén en plazo legal de reinversión y se adecúan las obligaciones de suministro de información a la nueva tributación.

Para las desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades a productores cinematográficas, se exigirán una serie de certificados y se solicitará la incorporación en los créditos de los lugares específicos, así como la autorización de uso del título de la obra y del material gráfico y audiovisual sobre el rodaje para la promoción en España y en el extranjero con fines culturales y turísticos. No obstante, estos requisitos no serán exigibles a producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos ni otras obras, cuyos contratos para la ejecución de la producción se hubiera firmado antes de la entrada en vigor.

Además, los socialistas han modificado vía enmienda la regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sobre la valoración que deba realizar la Dirección General del Catastro cuando la Agencia Tributaria solicite su participación ante alegaciones del contribuyente o reclamaciones. Así, se busca que en sus informes el valor de referencia ratificado o corregido esté motivado mediante la resolución que traiga causa, así como sus módulos de valor medio, factores de minoración y el resto de elementos.

Esta ley antifraude, que adapta la legislación comunitaria y que se recoge en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, entrará en vigor a finales de este semestre, según los cálculos de la propia ministra de Hacienda. María Jesús Montero contaba con el refuerzo de la normativa fiscal para aumentar la recaudación este año en más de 700 millones de euros, según el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea a finales de 2020. De esta cuantía, 218 millones corresponderían a la limitación de los pagos en efectivo que prevé la futura norma y otros 500 millones a la incorporación de prácticas internacionales en la prevención y lucha contra el fraude, incluidas en la trasposición de la directiva europea.