¿Por qué España obtiene tan mala puntuación en el Índice de Libertad Económica?

El Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar la edición española del Índice de Libertad Económica, que cada año elabora la Fundación Heritage. Este informe pretende medir el grado de libertad de mercado que existe en los 178 países analizados, clasificándolos en un ranking de más a menos libres. En general, existe una estrecha relación entre prosperidad y libertad: los países más libres –económicamente hablando– son los que terminan generando sistemas económicos más prósperos.

Así, entre los países más libres del planeta –según este índice– encontramos a sociedades tan prósperas como Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda, Taiwán o Reino Unido. ¿Y España? Nuestro país ocupa la posición 39 de 178, dentro del grupo de «moderadamente libres». Nos superan, entre otros, países como Malasia, Letonia, Armenia, Chipre o Bulgaria.

Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los principales puntos en los que nuestra economía flaquea? Las peores puntuaciones las obtenemos en: eficacia del sistema judicial –ocupamos la posición 40 dentro del ranking global, debido a la lentitud de nuestros tribunales–; la libertad de empresa –donde nos ubicamos en la posición 78, debido a las trabas para abrir, gestionar y cerrar negocios–; la carga fiscal –posición 165, por contar no sólo con una elevada fiscalidad, sino porque el tipo marginal sobre la renta de las personas físicas y jurídicas es relativamente alto respecto a otras sociedades del planeta–; la regulación laboral –posición 104, debido a que las rigideces en nuestro mercado de trabajo consolidan una desastrosa dualidad–; y el excesivo gasto público –exhibimos la posición 152 por contar con uno de los Estados más grandes del planeta–.

El índice, por tanto, debería sernos útil para comprender nuestras flaquezas y actuar en consecuencia: padecemos un Estado demasiado grande y demasiado ineficiente. Deberíamos, por tanto, avanzar en una doble dirección para el largo plazo: por un lado, reducir el tamaño del sector público para así poder rebajar impuestos al tiempo que concentramos los menores recursos en la mejora del estado de derecho –por ejemplo, nuestro sistema judicial–; por otro, liberalizar la economía tanto en el ámbito empresarial como en el laboral.

Por supuesto, lo anterior no son propuestas específicas que quepa implementar directamente dentro de España: son, más bien, principios orientadores de nuestra política económica. Principios que, por desgracia, transitan por un camino totalmente opuesto al de este Gobierno. Para ser más libres y más prósperos hemos de apostar mucho más por los mercados libres y competitivos, y mucho menos por la planificación y reglamentación estatal. Ése es el mensaje central del Índice de Libertad Económica y eso es lo que no está haciendo el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos.