Madrid aporta el 44% de la recaudación total del impuesto de Sociedades, Cataluña solo el 19%

La comunidad presidida por Ayuso y Asturias son las dos regiones con mayor porcentaje de recaudación de grandes empresas

Vista aérea de Madrid
Vista aérea de MadridEmilio NaranjoEFE

El Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado junto al Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) el documento ‘Declaración de Sociedades 2020’, que ha constatado la drástica disminución de ingresos por este impuesto sufrida durante el pasado año, marcado por la crisis sanitaria, el confinamiento y la hibernación de la economía. La caída de la recaudación se situó en el 33,18%, con una desigual distribución de los ingresos entre las comunidades autónomas de régimen común.

Según se indica en el informe, en Madrid y Cataluña se recauda más del 60% de los impuestos empresariales, pese a tener únicamente algo más del 20% de los contribuyentes por este impuesto. Esto significa que el volumen y tamaño de sus empresas son mayores que en el resto de comunidades. Pero incluso entre Madrid y Cataluña existe una diferencia abismal entre ambas al ingresar cantidades muy diferentes. En Madrid se alcanza un total de 12.873 millones de euros, el 44% del total de territorio común, mientras que en Cataluña el volumen se reduce a 5.588 millones, el 19% de la recaudación total.

El CGE también pone de manifiesto que únicamente en Madrid y Asturias los porcentajes de recaudación sobre el total nacional (44% y 1,73%, respectivamente) superan a la proporción de empresas radicadas en esos territorios sobre el total de las existentes en España (20,28% y 1,67%, respectivamente). Esto denota que en estas regiones “es donde existe una mayor proporción de grandes empresas”, junto con Cataluña. Comparando la recaudación de 2020 respecto a 2019, las bajadas más importantes se han producido en Baleares (-46,24%), seguida de Galicia, Madrid y Asturias, todas con caídas por encima del 40%.

Valentín Pich, presidente del CGE, ha considerado “imprescindible” un nuevo sistema de financiación autonómico más transparente que evite el “populismo”, así como una armonización que no suponga “uniformidad” ni elimine la competencia fiscal entre autonomías.