Los acusados del ‘caso Rato’ deben abonar mañana 220 millones de fianza para evitar la cárcel y el embargo

El ex ministro de Economía Rodrigo Rato tiene hasta mañana para abonar la fianza de 65,1 millones de euros fijada en el auto de procesamiento en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, explicó en la resolución que la cifra trata de “asegurar las responsabilidades pecuniarias” que pudieran imponerse al exministro en sentencia y avisó a Rato que si no aporta esta cantidad en el plazo previsto “se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

En total, el magistrado impuso más de 220 millones de euros en fianzas al conjunto de acusados; de esa cuantía, 65,1 millones deberán ser aportados por Rato; 40,4 millones por el abogado Domingo Plazas, y 27,5 millones por el que fuera cuñado del exministro, Santiago Alarcón. El montante total de la fianza se completa con el resto de los acusados.

El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional acudió el pasado viernes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para recibir personalmente la notificación del juez, una formalidad “dada la naturaleza de la pena solicitada” por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama para él 70 años de cárcel. El ex ministro lamentó a su salida del juzgado -en declaraciones a la prensa- que “ninguno” de los tres delitos principales por los que se le detuvo en 2015 figuren en el auto en el que se le envía a juicio. Además, alegó que los delitos fiscales por los que ahora se le acusa “se refieren todos a trabajos profesionales a través de sociedades”, lo que considera una “práctica habitual” por las que “personas muy relevantes como expresidentes de Gobierno nunca han sido llevados por la vía penal sino por la vía administrativa.

El magistrado también notificó personalmente el auto a otras 16 personas y les avisó del plazo -que vence mañana- que tienen para pagar sus respectivas fianzas. En total, se deberán abonarán 142,4 millones de euros en conceptos de caución, más los 4,2 millones que deben sufragar dos personas jurídicas y los 65,1 millones correspondientes a Rato.

Algunas defensas ya han anunciado que elevarán esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid al no entender el criterio seguido por el juzgado a la hora de fijar estas cuantías. Y es que, aunque la apertura de juicio oral es firme, tal como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la jurisprudencia menor sí que ha venido admitiendo los recursos sobre medidas cautelares personales, como pueda ser el importe de la fianza. Los expertos reconocen que se trata de una cuestión controvertida, pero se remiten a sentencias como la dictada en 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona, que consideró que el derecho a la tutela judicial efectiva “debe conducir a la admisión del recurso de apelación en la fijación de la fianza y su cuantía”.

Una vez solventada la cuestión de las fianzas, los acusados comenzarán a perfilar su estrategia de cara al juicio con sus escritos de defensa, que podrían llegar el próximo mes, como avanzó Rato en sus últimas declaraciones a los medios tras recoger el auto. Dada la naturaleza de los delitos -contra la Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares-, la Audiencia Provincial de Madrid será el órgano encargado de celebrar la vista en una fecha aún por determinar. La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para Rato, pero deberá ajustar su petición al final de la vista oral ya que el ex ministro no será juzgado por delitos de insolvencia punible y falsedad documental.