El SEPE y el pago de prestaciones, en peligro este verano si no renuevan los interinos

Máxima tensión entre la plantilla de Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ante la inacción por parte del Ministerio de Función Pública para la renovación de los 2.135 trabajadores temporales contratados durante la pandemia, que a falta de 10 días para terminar sus contratos continúan sin saber qué será de su futuro. Esta semana será clave, ya que el tiempo se agota y la paciencia de la plantilla “está al límite de su aguante”, advirtieron a LA RAZÓN varios trabajadores el SEPE. Pero el Ministerio de Miquel Iceta no cede a las presiones y mantiene una hoja de ruta que está poniendo contra las cuerdas la operatividad del servicio. “Aún hay tiempo, seguimos trabajando para resolver esta situación de la mejor manera posible. Esta semana habrá un decisión al respecto, y será la mejor posible para el SEPE”, aseguran.

Pero trabajadores y sindicatos denuncian que la situación es insostenible y temen que una gran parte de los 2.135 contratados temporales durante la pandemia sea despedidos. La Dirección General de Función Pública -del que dependen todos los funcionarios de la Administración General del Estado- baraja no renovar a una parte de este colectivo. En concreto, los puestos que están pendientes de un hilo son los 1.500 temporales incorporados para servicios administrativos relacionados con la pandemia -gestión de los ERTE, prestaciones por desempleo, subsidios...-, pero que no tienen una plaza adscrita a su puesto, sino que son de creación especial.

Las únicas plazas aseguradas -a falta de confirmación oficial- son los 635 puestos adscritos a la oferta del Plan de Estabilización de Empleo Temporal (PEET), cuya convocatoria de plazas ya se publicó en el BOE del 28 de mayo para estabilizar 1.367 puestos, que consolidarían al personal temporal en una plaza fija tras superar los exámenes de la convocatoria. Por esta razón, la Dirección General estaría obligada a que los trabajadores que ocupan ahora parte de esas plazas sean renovados a partir del 1 de julio hasta que se celebre la fase de oposición.

Ante la posibilidad de que 1.500 de estos interinos salgan en diez días, los sindicatos denuncian que los tres ministerios implicados en la renovación de estos trabajadores -Trabajo (del que depende el SEPE), Función Pública (del que dependen los empleados) y Hacienda (que debe autorizar la partida económica para esta renovación)- han mostrado una “clara dejación de funciones”, manteniendo una “presión innecesaria y terrible” tanto para los interinos implicados como para el resto de la plantilla, que ni siquiera puede organizar sus vacaciones, critican desde el sindicato CSIF. Ahora mismo se mantiene un cuadrante de libranzas para este verano que tendrá una compleja resolución si se decidiese prescindir de estos trabajadores, dado el problema endémico de la alarmante carencia de efectivos en este servicio público, porque su cumplimiento depende directamente de estas renovaciones. “No puede ser que se mantenga esta incertidumbre, es intolerable, que después de las circunstancias que se han vivido en el SEPE, el esfuerzo ímprobo que están haciendo sus trabajadores por poner al día las ingentes cargas de trabajo que han recaído sobre el Organismo se vea dilapidado por una decisión errónea, la de no renovar este conjunto de efectivos en tanto sus puestos no se cubran de manera estructural a través de OEP por funcionarios de carrera”, insisten en CSIF.

Si finalmente Función Pública y Hacienda decidieran prescindir de estos interinos, difícilmente se podrán cubrir las necesidades y los servicios de este departamento. “Si ya con estos 1.500 interinos tenemos un sobretrabajo del 300%, cómo vamos a poder realizar nuestra labor si prescinden de ellos y una parte de la plantilla se va de vacaciones, con todo el derecho del mundo. Es increíble que a estas alturas de mes, a falta de poco más de una semana para el comienzo de las vacaciones de algunos compañeros ni siquiera sepan con qué plantilla se puede contar. Es otro despropósito más que sumar a una larga lista de desprecios hacia los trabajadores del SEPE”.

La Dirección General de este organismo volvió a reiterar la semana pasada a los ministerios implicados que comunicaran de inmediato cuál era su decisión, para poder adoptar las medidas pertinentes para salvaguardar su operatividad, pero la respuesta fue la misma que la semana anterior: “La decisión se tomará en breve”.

Desde CSIF lo tienen claro. “Es una dejación más por parte del Gobierno, y de los Ministerios que deben decidir la renovación. Yolanda Díaz porque una vez más vuelve a ponerse de perfil e ignora las necesidades del SEPE y no defiende a sus trabajadores; Función Pública porque vuelve a demostrar su falta de respeto hacia los funcionarios públicos y por el servicio esencial que aportan; y Hacienda porque otra vez no ve más allá del dinero”. También advierten de que muchos departamentos se quedarían prácticamente bloqueados en varias provincias, ya que la escasez de personal en algunas de ellas, pese a los refuerzos, “es un problema endémico” y en verano se quedarían prácticamente sin efectivos por las vacaciones. En esta situación estaría hasta un 30% de las delegaciones provinciales del organismo. Por ello, CSIF ha vuelto a reclamar que “se mantengan estos puestos mientras sea necesario por las elevadas cargas de trabajo y la operatividad del servicio”. Se duda incluso de que se pueda efectuar en fecha el pago de las prestaciones por desempleo, o las altas y bajas en el paro o los ERTE.

Desde el SEPE se espera que el Gobierno respete el acuerdo al que se comprometió cuando se fijó la contratación de este personal temporal de apoyo con un programa de tres años, que se prorrogaría trimestralmente según las necesidades del Servicio. Ha transcurrido menos año y medio y “las necesidades se mantienen”, confirman fuentes sindicales, que advierten que al ritmo de tramitación de bajas en los ERTE y con la campaña de contrataciones de verano en marcha la situación se tornaría insostenible sin esta renovación de interinos.