Repudiados por los bancos solo por ser investigados por la Justicia

No hace falta estar condenado, basta con que uno esté siendo investigando por un presunto delito para que su entidad bancaria le deje sin cuenta de la noche a la mañana. «Es lo que le está sucediendo a mucha gente, y no solo a los más ricos o con perfiles públicos, también a los autónomos o a empresarios medios», explica el conocido abogado Ignacio Fuster-Fabra.

Todo comienza con una carta del banco al afectado en el que se le comunica su decisión de «proceder a la baja de toda relación contractual». No se detalla el motivo concreto (como les obliga la ley y su propio reglamento), pero dan «60 días naturales» desde la recepción de la carta para que finiquite la cuenta, siendo la «autoridad judicial competente» la que determine «la retirada de depósitos si estos estuvieran sujetos a bloqueo judicial o administrativo», una medida que en la mayoría de los casos no existe y se realiza de forma arbitraria por la entidad financiera. Para los departamentos de compliance de los bancos, los receptores de estas misivas son presuntos delincuentes a los que, en el mejor de los casos, hay que vigilar y en multitud de ocasiones no aceptar como clientes, obligándoles a cerrar sus cuentas si ya lo son.

Bloqueo de cuentas

Los afectados denuncian que por «decisiones unilaterales de ciertos bancos, están siendo privados de sus derechos constitucionales al impedírseles tener una cuenta corriente». Si de una manera directa o indirecta a estas personas se les relaciona con alguna actuación judicial o una situación anómala o irregular las consecuencias son inmediatas. Bloqueo de cuentas, tarjetas, productos asociados, servicios bancarios contratados, depósitos inactivos, etc. Una condena que también afecta a su entorno familiar o amigos que se ven represaliados por la banca.

«Es un problema que se viene produciendo desde el año 2000, cuando aparecen los grandes sumarios sobre delitos económicos. Es fácil denunciar porque en España las denuncias son gratis, pero una querella puede condenar de por vida a muchas personas», explica Fuster-Fabra. Los bancos se convierten en jueces y deciden a quién excluir de la sociedad, obligándoles a delinquir y a vivir en la marginalidad y en la economía paralela, «porque si te echan de un banco, lo harán de otro», señala Fuster-Fabra.

Otro afectado lamenta que si las leyes impiden hacer pagos y cobros en efectivo a partir de 2.500 euros, obliga a circular o atesorar cantidades con ciertos límites. «Si la administración no acepta pagos y cobros en efectivo, ¿cómo es posible que no se le permita a todo el mundo abrir una cuenta corriente en un banco?», comenta desde el anonimato. Añade que si la administración obliga a hacer pagos y cobros por banco, los bancos (que son una licencia administrativa) están obligados a abrir cuentas a todos los solicitantes: «No hacerlo los margina y se hacen cómplices y corresponsables de obligarles a delinquir haciendo transacciones al margen de la ley».

«Dictadura bancaria»

Ni el Banco de España ni el Sepblac (Unidad de Inteligencia Financiera de España) avalan estas decisiones. «Estamos ante una dictadura bancaria. Los bancos acaban con la presunción de inocencia del cliente y eso es terrible. La labor de los departamentos legales de los bancos no es cerrar la cuenta, sino comprobar que los movimientos de los clientes son ordinarios, consecuentes y lógicos con la actividad del cliente», señala Fuster-Fabra.

«Algunos bancos creen que, puesto que el cliente puede dejar de serlo cuando quiera, ellos pueden también expulsarlo cuando quieran», dice otro afectado por esta situación. Sin embargo, la legislación española y las directivas europeas 2014/92/EU y 2015/849/EU impiden este atropello y reconocen el derecho a tener una cuenta corriente bancaria como un derecho universal. Fuster-Fabra explica que esta situación incluso le ha pasado con extranjeros que igual están siendo investigados por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) y les echan del banco sin ningún tipo de rigor o comprobación.

Están privando de sus derechos constitucionales a un colectivo que, salvo excepciones, cumple con sus obligaciones. «El Parlamento español, el Banco de España y el Sepblac deben modificar leyes y normas que, mal interpretadas, ocasionan indefensión y conculcan derechos fundamentales. Deben impedir que los departamentos de compliance se atribuyan derechos que no tienen», señala un afectado.