Economía

La ministra de Educación, Pilar Alegría, pide consenso para la nueva ley de Formación Profesional

El presidente del CES, Antón Costas, destacó que la FP requiere de un aumento de su prestigio y de la implicación de las empresas

(I-D) El vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, Jesús Jiménez Sánchez; la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana Ferrer, y la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, durante la presentación del anteproyecto de Ley de Formación Profesional en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, a 15 de julio de 2021, en Madrid (España).
(I-D) El vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, Jesús Jiménez Sánchez; la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana Ferrer, y la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, durante la presentación del anteproyecto de Ley de Formación Profesional en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, a 15 de julio de 2021, en Madrid (España).Isabel InfantesEuropa Press

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha instado este lunes al consenso de la comunidad educativa y de los interlocutores sociales para llevar adelante la futura ley orgánica de formación profesional (FP) que contará con una memoria económica de 5.000 millones de euros. La ministra apeló a “la unidad y la corresponsabilidad” para la nueva ley de FP durante la apertura de una jornada de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid que se desarrollan en El Escorial y que ha sido inaugurada por el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas. Alegría explicó que en su primera semana al frente del ministerio ya ha iniciado el diálogo con la comunidad educativa, con los agentes sociales y con los responsables de los gobiernos autonómicos, porque “el consenso será sin duda la llave del éxito”. Recordó que el ministerio está inmerso en un plan de modernización de la FP que ya contaba con una inversión de 2.200 millones de euros.

El presiente del CES, Antón Costas, indicó por su parte que la FP requiere de un aumento de su prestigio social y de la implicación de las empresas, y en este sentido ha recordado que la universidad ha sido vista en el último medio siglo como “una panacea, un bálsamo de fierabrás”, y eso “ha tenido consecuencias en términos de abandono escolar”. Destacó que la “FP tiene que ser una especie de Celestina que sirva para emparejar las necesidades de las empresas con las aspiraciones de las personas. Como una vía de tren que recorre todo el territorio nacional, con muchas paradas que permitan a las personas subir, bajar y volver a subir en función de sus circunstancias y ambiciones personales en cada momento de la vida. No puede ser una vía muerta ni de segunda clase”. Con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el desempleo de quienes cuentan con una FP de grado medio es del 7,56 % y el de quienes tienen una FP de grado superior del 6,9 %, en ambos casos muy inferior a las tasas de paro general y juvenil, señaló Costa.

El presidente del CES también puso de manifiesto la importancia de la FP para incrementar la productividad y la capacidad de emprendimiento del tejido productivo, y conciliar el crecimiento con el progreso social. Finalmente, defendió que el dinamismo de una economía se apoya en la existencia de una amplia “clase media profesional”, de la misma manera que una democracia sólida se apoya en la existencia de una clase media amplia. En este sentido, puntualizó que la FP hace mejores a las empresas y que las buenas empresas son las que crean los buenos empleos, por lo que quiso hacer un llamamiento a las compañías para que se involucren en el impulso a la FP.

La futura ley orgánica de formación profesional (FP) será analizado en el Pleno del Consejo Económico y Social de España (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, antes de su vuelta al Consejo de Ministros para su trámite parlamentario.