Eliminar el impuesto de la electricidad permitiría abaratar la factura de la luz a niveles de 2018

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado al Gobierno eliminar el impuesto de la electricidad, que grava el recibo de la luz con un 5,11%, para cumplir con el compromiso realizado este fin de semana por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que la factura eléctrica a finales de este año será similar a la de 2018.

La OCU ha explicado este lunes en un comunicado que, pese a tratarse de un compromiso por parte del Gobierno “claramente insuficiente” que probablemente no impedirá que 2021 sea el año con la factura de la luz más cara de la historia, eliminar el impuesto de la electricidad es “indispensable” para cerrar el año en niveles similares a los de 2018 si los precios actuales continúan. En este sentido, cabe recordar que el precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto, a impuestos.

Según los cálculos de la organización, para cumplir con el compromiso del presidente del Gobierno, la factura mensual media debería situarse hasta final de año en 73,3 euros, cinco euros menos en comparación con el recibo más caro de la historia pagado este mes de agosto (78,3 euros).

En este sentido, la OCU cree que es “urgente” eliminar el impuesto de la electricidad para abaratar la factura de la luz, ya que las medidas legislativas del Gobierno pendientes de entrar en vigor (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y dividendo de derechos de CO2) difícilmente llegarán a tiempo antes de que finalice 2021.

Sobre el impuesto de la electricidad, la organización asegura que ha pedido su eliminación en reiteradas ocasiones a través de una reforma fiscal de la factura eléctrica que actualmente se antoja “imprescindible”. “Se trata de un impuesto anacrónico que tuvo su origen en las ayudas al carbón y que, a pesar de que hace tiempo desapareció su primitiva función, se ha convertido en una forma fácil de recaudación a través de la factura”, añade.

Falta de compromiso y medidas

La OCU critica a su vez el “escaso compromiso asumido” por el Gobierno y la falta de medidas estructurales que pongan freno al encarecimiento de la electricidad, cuyo precio en el mercado mayorista no refleja el coste real que cuesta producirla. Por ello, solicitan al Ejecutivo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aceleren la toma de medidas eficaces que reduzcan el precio de la electricidad para aliviar la situación de los hogares, especialmente los más vulnerables.

La reducción del precio de la luz está en manos del Gobierno, pero para que sea efectiva debe pasar por trasladar a los Presupuestos los costes políticos que engrosan el recibo de la luz. “Puede sacar a los Presupuestos del Estado costes como la retribución de los sistemas extrapeninsulares, puede eliminar el impuesto especial de la electricidad que es un 5,11%, puede reducir el IVA del 21% al 10% o al 4% y puede eliminar la tasa del 7% de la generación eléctrica. Quien realmente tiene la clave del coste final de la luz es el Gobierno, otra cosa es que políticamente no interese o no sea oportuno recargar los presupuestos o reducir ingresos fiscales”, declaró a LA RAZÓN Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners.