Los camioneros se hartan de ser “esenciales” y de que el Gobierno les maltrate

Mantienen la convocatoria de huelga y reclaman medidas para que las empresas cargadoras no “impongan sus normas” a un sector que se considera en inferioridad por su gran atomización y ayuda frente a la subida del gasóleo

Fueron declarados esenciales durante los meses más duros de la pandemia, los del confinamiento. Aunque la realidad es que, dada la estructura económica de España, lo son en cualquier situación porque más del 90% de las mercancías del país viajan por carretera. Pero los profesionales del transporte terrestre se sienten tan imprescindibles como maltratados. Y han dicho basta. Si nada lo impide -el Gobierno cree que hay tiempo para evitarlo pero ellos no son tan optimistas-, irán a la huelga en plenas Navidades, entre el 20 y el 22 de diciembre. Aseguran que se han cansado de recibir buenas palabras y ninguna solución a sus problemas, que se pueden resumir, respetando las distancias en la comparación, en una suerte de lucha de David contra Goliat. Afirman que muchas empresas cargadoras a las que prestan sus servicios abusan de su posición de superioridad ante el reducido tamaño medio de las empresas de transportes y quieren que el Gobierno apruebe un paquete normativo que ponga freno a esta situación que consideran de abuso.

“Hace falta equilibrar el terreno de la negociación”, asegura Ramón Valdivia, director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), una de las patronales que ha convocado la huelga. Ahora mismo, asegura, una parte, los cargadores, impone su ley a los transportistas, cuyo tamaño les otorga muy poco poder en cualquier negociación. “No tenemos fuerza para negociar nada con las compañías con las que trabajamos. Somos un sector muy atomizado, en el que la media de camiones de cada compañía es de 3,5″, añade Dulsé Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), otra de las organizaciones que respaldan los paros. “Lo que pedimos al Gobierno son cambios normativos para defendernos de las injusticias y los abusos”, añade Díaz.

Denuncias

Esos abusos, explica, empiezan por la imposición de muchos cargadores de que sean los propios transportistas los que descarguen sus camiones. Díaz asegura que si se niegan a hacerlo, “o no trabajan, o se pasan el día esperando y perdiendo negocio”, añade. Valdivia añade que aunque la situación está teóricamente regulada, existe la cláusula de “salvo pacto en contrario”, que permite saltarse a los cargadores esta obligación si hay acuerdo entre ambas partes. Aunque, añade, en la práctica, aunque no haya tal pacto, los cargadores la aplican por su mayor fuerza. Y no supone un problema menor para el sector. “El otro día me decía un compañero que le habían tenido siete horas esperando para cargar. Imagínate que llegas a tu puesto de trabajo a las ocho de la mañana, y alguien te dice que hasta las tres de la tarde no puedes hacer nada. Tienes que estar allí, esperando”, relata Óscar Baños, un transportista con más de veinte años de experiencia. Y al final, añade indignado, muchas veces “te toca descargarlo y, si se te cae el palé, lo tienes que pagar tú”.

La misma salvaguarda para descargar impide según Valdivia adecuar los contratos a fuertes fluctuaciones del precio del gasóleo. El combustible se ha convertido en un asunto muy sensible para un negocio en el que un tercio de los gastos los compone el gasóleo. Por eso, una subida de su precio de más del 40% en el último año está acabando con la resistencia de buena parte del sector. Fenadismer, otra de las convocantes de los paros, denunció la semana pasada directamente que las compañías están trabajando a pérdidas. Para evitarlo, el sector reclama que la Ley del Contrato del Transporte les permite repercutir esas importantes subidas de precios del gasóleo en los contratos evitando también aquí la cláusula de “salvo pacto con contrario”.

El precio no es lo único del gasóleo que está estrangulando a los transportistas. Como denuncia Díaz, la administración está tardando hasta tres meses en devolverles la parte que les corresponde del gasóleo profesional. Y eso en una coyuntura como la actual, con la difícil situación económica que atraviesa el país y el limitado tamaño de las empresas, está ahogando a muchas de ellas.

Peajes

A los transportistas también les escuece especialmente la decisión que ha adoptado el Gobierno de implantar peajes en las vías de gran capacidad españolas. Tanto Díaz como Valdivia aseguran que el Estado recauda suficientes fondos vinculados al transporte como para mantener en buen estado la red vial. Díaz asegura que muchos transportistas de otros países, incluidos los portugueses, repostan en España porque el gasóleo es más barato y que esto permite al Estado recaudar anualmente 19.000 millones en concepto de impuestos de hidrocarburos y de IVA. “Con eso tienes de sobra para cubrir los 3.000 millones que cuesta el mantenimiento”, aseguran. Que lo hagan en centroeuropa, asegura, es comprensible porque allí el desgaste es igual, pero la recaudación menor porque todo el que puede se ahorra repostar.

Sobre todas estas cuestiones llevan los camiones dialogando más de dos años con el Gobierno, con muy pocos frutos. “Ha pasado mucho tiempo y sólo hemos logrado una ley que sanciona la morosidad”, afirma Valdivia. Muy poco, dice, para todos los problemas que tiene el sector, que ya amagó con otra huelga el año pasado, nada más terminar el confinamiento. Entonces, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) paró las movilizaciones comprometiéndose a solucionar los problemas del sector. Pero los arreglos no llegan y la paciencia de los transportistas se ha colmado. “El otro día, dijeron que iban a arreglar en un día la cuestión del impuesto de plusvalías y lo hicieron. Cuando se quiere, se puede”, reprocha el director general de Astic al Ejecutivo.

Desde el Gobierno, la responsable del Mitma, Raquel Sánchez, de momento lo que ha mostrado son buenas palabras en público, aunque cargadas de advertencias. El jueves, aseguró que muchos de los problemas del sector eran de índole “privada” porque atañen a las relaciones contractuales de transportistas y empresas cargadoras. Pero el sector insiste en que el Mitma no puede escurrir el bulto porque, volviendo a la génesis de su argumento, es responsabilidad suya equilibrar la negociación reforzando por ley el poder de interlocución de los transportistas. “Las declaraciones que hizo el jueves la ministra nos dejaron bastante sorprendidos. Lo de convertirse ahora en un agente intermediaria es una forma de tirar balones fuera. El Ministerio y el Gobierno tienen capacidad para resolver esta situación, como está ocurriendo en los países de nuestro entorno. No estamos pidiendo nada irrealizable”, asegura Juan José Gil, secretario general de Fenadismer.

Ahora, la ministra dispone de algo más de un mes para evitar una huelga en plenas Navidades, plazo que tanto Gil como Valdivia consideran suficiente para dar solución a los problemas. Y para ello, el sector considera que no estaría mal que la ministra se sentase a negociar con ellos después de dos años en los que se han sentido más bien ninguneados. Cuando José Luis Ábalos llegó al Ministerio de Fomento, cambió su nombre por el actual. “Pensábamos entonces que tendríamos interlocución con él. Pero mientras fue ministro, apenas nos reunimos una vez con él por Teams a pesar de ser un sector estratégico”. De eso hace ya mucho tiempo y la situación, lamentan, está prácticamente como estaba hace dos años. “En la pandemia, se nos pidió trabajar más. Se modificó la regulación del tiempo de conducción y de descanso. Conducíamos un 20% más y descansábamos un 20% menos. Lo asumimos porque en aquel momento había que garantizar el abastecimiento, y después de ese esfuerzo que hicimos, ahora vemos que el Gobierno se olvida de nosotros”, lamenta Juan José Gil.