Las ciudades, una trampa mortal para las familias pobres

«Las ciudades se han convertido en una trampa mortal para las familias vulnerables», denuncia Fundación Madrina. Con una cuenta llena de deudas, alquileres por las nubes, una cesta de la compra inflada, facturas de suministros inasumibles y sin poder pagar ni siquiera un medio de transporte para huir a las afueras, miles de familias quedan atrapadas en las ciudades al borde del desahucio o sin poder encontrar una habitación o una vivienda de alquiler al ser rechazadas por su falta de solvencia en plena época invernal. «Nos llegan entre uno y cuatro desahucios diarios de familias con hijos menores», cuenta Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina a LA RAZÓN. Demasiados frentes abiertos que acaban con la salud física y mental de miles de afectados que denuncian entre lágrimas sentirse abandonados por los Servicios Sociales y la Administración central.

La situación es «cada vez más devastadora», denuncia Giménez. En España, una de cada cuatro familias siguen en pobreza «materno-infantil». Un 50% son familias españolas, con un trabajo precario, en ERTE, con IMV que no les llega, y el resto son familias inmigrantes, asiladas, con hijos que carecen de alimentación y sanidad. Fundación Madrina advierte de que las situaciones familiares son cada vez más de «extrema pobreza». Muchas acuden por primera vez a las colas del hambre, pero tras haber aguantado el chaparrón durante el último año y medio están, ahora sí, en riesgo de acabar en la calle.

Ya no pueden pagar la luz, ni el gas, ni el transporte. En sus hogares ya no se pone la calefacción ni se duchan, «nos abrigamos con mantas», indican a la fundación, y por la noche «ponemos velas». En este sentido, el coste de la «energía de los pobres», el gas butano, ha subido un 35% en lo que va de año, alcanzando un nuevo máximo de 16,92 euros la bombona a mediados de noviembre. Por su parte, el precio de la electricidad marcó este lunes su precio más caro de todo el mes de noviembre: 229,62 euros/MWh. De este modo, el precio medio de la luz sigue situándose por encima de los 200 euros.

Las ayudas no llegan

Manuel, de 50 años y en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, cuenta desde la cama y cubierto con tres mantas que sus dolores crónicos se agravan con la llegada del frío. Los parches de morfina son lo único que le alivia. «No tengo radiadores y si los usara se dispararía la factura de la luz. Ahora necesito una litera porque los niños ya han crecido y alguna estufa de butano», cuenta. «Las pocas estufas que llegan a Fundación Madrina no dan para todos», lamenta.

En octubre, el Gobierno aprobó un aumento de los descuentos que aplica al bono social eléctrico, que pasan del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos, y aprobó un cheque de 90 euros para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al bono social térmico durante este invierno. Sin embargo, Fundación Madrina explica que al compartir habitación o al no tener contrato, la mayoría de las familias vulnerables no pueden solicitar el bono, que tampoco cubre la energía de los pobres, el gas butano.

Esto está dando lugar a que las familias acudan a las colas del hambre en busca de «velas, linternas, mantas, ropa de abrigo, estufas de gas, bombonas de gas, raticidas y leña», y ya no solamente son las familias de la Cañada Real. Estos productos se han agotado en las ONG y la fundación indica que empieza a haber desabastecimiento de velas, debido a una escasez mundial de parafina, que igualmente sube de precio.

El fallido IMV

Ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ni el bono social eléctrico y térmico, ni las medidas para frenar el precio de la luz han conseguido amparar a las familias vulnerables en sus peores momentos. En este sentido, Fundación Madrina ha denunciado queel complemento de hasta 100 euros por hijo prometido en los Presupuestos para 2022 a las familias que disfrutan del IMV es «escaso y vergonzoso, casi una excusa». El 19 de noviembre se aprobó la Ley del IMV que, pese a incluir varias mejoras, fue muy criticada por el escaso alcance de la prestación un año y medio después de su aprobación: lo tienen aprobado 337.000 hogares en los que viven 800.000 personas, frente a los 850.000 hogares y 2,3 millones de personas a los que pretendía llegar.

Manuel, padre de cuatro hijos, sobrevive con una pensión no contributiva de invalidez de 600 euros. Sin embargo, esta ayuda cubre a duras penas el coste de los suministros y de la crianza de sus hijos. La habitación en la que vive se la cedieron y semanalmente recibe alimentos de Fundación Madrina. Aún así, «estamos con una mano delante y otra detrás», denuncia. La situación de Manuel daría un giro de 180 grados si la valoración del accidente de coche que lo dejó en silla de ruedas cambiase. «Fue un accidente laboral in itinere, pero la Seguridad Social lo reconoció como enfermedad común. Tuve que recurrir y aún estoy a la espera de resolución. Aunque tengo reconocida una discapacidad superior al 60%, estamos reclamando que se me reconozca la incapacidad absoluta. Si me la concedieran, mi futuro se resolvería», explica. Pero la realidad es mucho más desalentadora. Desde Servicios Sociales «me dicen que no me queje, que hay gente que no tiene nada», cuenta. Mientras, lleva cuatro años en lista de espera para acceder a una vivienda social y a pocas semanas de empezar las vacaciones de Navidad sus hijos siguen esperando la ayuda que solicitó para los materiales escolares.

Sin ayudas, sin posibilidad de conseguir un empleo o teniéndolo pero siendo sumamente precario, cientos de familias están al borde del desahucio. Las que optan por cambiar a un alquiler más barato se topan con el no de los propietarios, ya que han aumentado las exigencias en solvencia. Además, la «no aceptación de mascotas, niños ni embarazadas» agrava una situación de alojamiento de familias con niños en época invernal.

Problemas sociales

Este desastroso efecto dominó que está disparando las «family homeless» –familias sin trabajo, sin luz, sin hogar y con niños en riesgo de calle– también está aumentando las rupturas de familias y los suicidios de los padres o madres cabezas de familia. «Nos piden ayuda entre lloros y nos dicen que las autoridades les han amenazado con quitarles a sus hijos», explica Conrado Giménez.

Con la voz quebrada por recordar la dura situación que atraviesa, Laura (nombre ficticio para proteger su identidad) cuenta cómo la precariedad le ha llevado a vivir con constante ansiedad y a estar ahora de baja por depresión. «El dolor más grande del mundo es que mis dos hijos hayan tenido que irse de casa tan jóvenes para no darme más problemas. Me da vergüenza verme así. No puedo ni con mi cuerpo ni con mi mente. He estado otras veces mal, pero nunca me he visto en esta situación», declara entre sollozos.

Su vida está totalmente condicionada por la falta de dinero. «Tengo paralizado un desahucio. Tengo que pagar 300 euros todos los meses de una derrama de la comunidad, el abono transporte para ir al trabajo, y la luz y el gas que son una barbaridad. Cada vez que no uso algo lo desenchufo. Y otros 45 euros de una alarma de seguridad porque tengo miedo», añade, todo ello con un salario de 700 euros. Las deudas y el temor de Laura tienen el mismo origen, su expareja: «No firmó la liberación de los bienes gananciales. Todas las deudas vienen para mí, por lo que cada vez que ingreso algo de más me lo quitan. Además, ahora está rondando la casa. Después de 10 años de orden de alejamiento y de estar en la cárcel está volviendo a ir a por mí, pero la policía dice que hasta que no haya agresión no pueden hacer nada». Necesita un psicólogo y un abogado, tras ser estafada al tramitar la herencia de sus padres. Pero los Servicios Sociales dan cita con 3 o 4 meses y la última la perdió por estar en el médico. «Me dicen que hay una incidencia y que no me pueden dar otra cita», apostilla. Fundación Madrina le ha facilitado ayuda psicológica, pero se siente abandonada por las instituciones.