Solo el 27% de las empresas tienen planes de pensiones de empleo

La pasada semana, el Consejo de Ministros incluyó por sorpresa la creación de un superfondo de pensiones de empresas en el texto aprobado de la reforma del sistema de pensiones. Su objetivo, según defendió el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es “facilitar el acceso a planes de pensiones colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes. La norma prevé la creación de fondos de empleo de promoción pública, que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores y la creación de planes simplificados, “en los que los convenios colectivos serán el instrumento clave de impulso”. Estos fondos colectivos estarán supervisados por una comisión de control, con diecisiete miembros repartidos entre los sindicatos, la patronal y el Ministerio de Seguridad Social.

La intención del Ejecutivo es limitar la aportación de cantidades a los fondos de pensiones individuales y la generalización de los fondos de pensiones colectivos y de empresas, para salvaguardar la sostenibilidad del sistema en el futuro. En la actualidad, algo más de un cuarto de las empresas españolas, un 26,8%, cuenta con planes de pensiones para sus empleados aunque más de la mitad de ellas, un 55%, “tiene en su agenda la toma de medidas para planificar la jubilación de sus empleados a medio plazo”, según el ‘V Informe Situación de las Pensiones’ elaborado por KPMG, en el que han participado 439 empresas, aunque con “muy poca representación de las pymes en la muestra”. A este respecto, la consultora asegura que, de incluirse estas últimas, el porcentaje de empresas con planes de previsión social sería “significativamente menor”. Según datos aportado por el propio Ministerio, los planes colectivos de pensiones en España solo alcanzan al 10% de los ocupados, mientras que en Europa la cifra tiene una horquilla de entre un 25% y un 90%.

Según el informe de KPMG, el ámbito financiero es el que más recurre a los planes de previsión para complementar la jubilación de sus empleados, ya que el 61,8% de las empresas del sector cuenta con este tipo de vehículos de ahorro. En este caso, influye el convenio colectivo de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradas con la seguridad social y el convenio de banca, que obligan a establecer un sistema de previsión social complementario de aportación.

Los planes de empresa también tienen una amplia acogida en las compañías del sector energético, con un 48%, y también en las empresas químicas y farmacéuticas, con un 40,5%. Al igual que en el sector financiero, la industria química también cuenta con un convenio colectivo general, aprobado en julio, que contempla el compromiso de constituir una comisión de estudio que analice la viabilidad y la conveniencia de abordar la promoción de un plan de pensiones de empleo de carácter sectorial. La tecnología (27,3%) y los servicios (24,2%) también están entre os que más planes contemplan. Sin embargo, la oferta de planes de previsión social en empresas de otros sectores, como el consumo y la distribución (15,1%), la construcción y las infraestructuras (14,3) o el transporte y la logística (5,3%) tienen poca repercusión.

Respecto a las previsiones para el futuro, el 79% de las empresas estaría dispuesta a realizar una aportación sobre el salario a sus empleados con el objetivo de destinarlo al ahorro para la jubilación de los mismos, aunque el 46% señala que actualmente no se dan las condiciones económicas para realizarlas. En cuanto a las cuantías de las aportaciones, la mitad de las compañías “con planes de aportación definida o mixtos dirigidos a la totalidad de la plantilla exige aportación por parte del empleado para tener derecho a la aportación de la empresa, de modo que lo más habitual es que la empresa duplique la aportación obligatoria del empleado”. Así, la mayoría de las empresas tiene fórmulas consistentes en un porcentaje fijo sobre el salario pensionable, en la mayoría de los casos equivalente al salario fijo bruto, que suele ser de alrededor de un 4%.

El director responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, aseguró que, aunque “las circunstancias económicas” son “el motivo principal para no promover planes de previsión desde las empresas”, existen “varias soluciones en el mercado para desarrollar la previsión social colectiva sin que se comprometa la sostenibilidad de las propias empresas”. En este sentido, indicó que “la falta de información constituye un freno al crecimiento de la previsión social complementaria en España”.

El 81,3% de las empresas españolas prefiere los planes de aportación definida, muy por encima del 10,2% que se decanta por los planes de prestación definida, y del 8,5% que apuesta por los planes mixtos, que combinan la prestación definida para la contingencia de la jubilación y la prestación definida para las contingencias de fallecimiento e incapacidad. En cuanto a la elegibilidad de los planes, cerca del 62% está dirigido a toda la plantilla, aunque también existen planes orientados de manera exclusiva al personal directivo (24,1%).

Por cantidades, la mayoría de las empresas recurre a fórmulas de porcentaje fijo sobre el salario pensionable, equivalente a un 4% del salario fijo bruto. En otros casos, como en los planes de aportación definida o mixtos para toda la plantilla, también se le exige una aportación al empleado. El informe de KPMG también concluye que el 42,68% de los vehículos de financiación ofrecidos por las empresas son planes de pensiones de empleo y, en menor medida, un seguro de vida colectivo (40,85%). Además, un 7,93% recurre a los planes de previsión social empresarial.

En comparación con estudios de años anteriores, KPMG observa un aumento de los seguros de vida colectivos, en detrimento de otros vehículos de financiación, debido a los bajos tipos de interés en productos con rentabilidad garantizada.

El Ejecutivo espera que con la aprobación del anteproyecto de ley reguladora los planes de pensiones de empleo sufrirán un fuerte impulso. El Ejecutivo quiere impulsar y potenciar la introducción de los planes colectivos dentro de las empresas, con ventajas fiscales, como la deducción en el IRPF de los planes de empleo en 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros. También se prevé continuar ofreciendo un trato fiscal ventajoso a los planes de empleo y de los planes de empleo para autónomos, otra de las modalidades que aparece recogida en el anteproyecto de los planes de pensiones de empleo. Para los autónomos, la deducción total se situará en 5.750 euros.

KPMG señala en su informe que la reducción de las aportaciones “supone un perjuicio para los planes de pensiones individuales y para la mayoría de los trabajadores” que no están cubiertos por un plan de empleo o sistema colectiva. La consultora también mariza que la mayoría de las medidas que se están tomando en materia de pensiones “se encuentran pendientes de concreción legislativa”.