El año que se cocinaron los peajes y la intervención de los alquileres

2021 va a pasar a la historia como el año en que se empezaron a gestar dos políticas de gran calado y amplio alcance social: la Ley de Vivienda y la aplicación de peajes en todas las vías de gran capacidad. Aunque se trata de dos debates de largo recorrido que vienen de lejos, no ha sido hasta este ejercicio cuando se han puesto definitivamente en marcha, primero con José Luis Ábalos y después con Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

La Ley de Vivienda está más avanzada que los peajes. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de octubre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. La ley vio la luz después de un larguísimo periodo de negociación debido a las disputas entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, sobre el punto nuclear de la normativa: la intervención del alquiler. Mientras los socialistas abogaban por estímulos fiscales para que los propietarios bajen de precios, los morados se mostraban partidarios de topar directamente las rentas para evitar subidas. Finalmente, la ley da la opción a las comunidades autónomas de regular los alquileres en zonas de precios tensionados. Entre las condiciones que pauta para decretar una zona de mercado como tensionada se fija que el coste de la hipoteca o el alquiler (más gastos de suministros) supere el 30% de los ingresos medios de los hogares del ámbito. También se ponderará que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los últimos cinco años una subida de, al menos, el 5% superior porcentaje de crecimiento del IPC de cada autonomía. La declaración durará tres años durante los cuales los precios de los alquileres de los grandes tenedores jurídicos -más de diez inmuebles- quedarán congelados si se prorrogan los contratos o deberán ajustarse al índice de precios que el Gobierno elaborará y para el que se ha dado un plazo de 18 meses una vez que la ley sea aprobada -se trata, ha recordado Raquel Sánchez, de un índice que hay que afinar mucho-. Los pequeños podrán subirlos hasta un 10% si hacen ciertas mejoras en las viviendas y podrán obtener beneficios fiscales si los bajan.

La ley también estipula un recargo de hasta un 150% del IBI de aquellas viviendas que lleven dos años vacías para propietarios con un mínimo de cuatro inmuebles. El objetivo es estimular su salida al mercado del alquiler y que así bajen los precios. Además, obliga a reservar un 30% del suelo de las promociones a vivienda protegida.

La normativa auspiciada por el Mitma ha sido muy criticada por el sector inmobiliario. Considera que la regulación de precios en zonas tensionadas tendrá los mismos efectos que la intervención de precios del alquiler de Cataluña. En Barcelona, tras un año de aplicación, la oferta de alquileres se ha hundido más de un 30% y no se ha visto además una reducción de los precios mayor que en Madrid, donde el mercado es libre.

Peajes

Los peajes han generado un rechazo todavía más amplio. Y eso que todavía ni son una realidad, ni está decidido el modelo con el que se implantarán. El mero anuncio de que el Mitma está trabajando en un sistema de tarificación de autopistas para presentarlo en los próximos meses ha puesto en alerta a sus detractores, que son mayoría entre los ciudadanos. Los que están en contra argumentan que los conductores ya pagan casi 30.000 millones de euros en impuestos vinculados al vehículo particular como IVA, impuesto de matriculación o circulación. El Gobierno, sin embargo, asegura que las carreteras tienen un déficit de conservación de 9.000 millones de euros debido a que la principal fuente para financiar su mantenimiento, los Presupuestos, no dan más de sí y es necesaria su implantación. Se escuda, además, en que Bruselas defiende el principio de que “el que contamina paga” como eje prioritario para reducir las emisiones.

Por el momento, todo son especulaciones tanto sobre el modelo como la fecha en que se implantarían los peajes. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno a Bruselas en abril en el que se esbozan las líneas maestras de las actuaciones a acometer para absorber los más de 70.000 millones de ayuda que llegarán a España desde Bruselas para superar la crisis del coronavirus y en el que se anuncia el estudio de la medida, se sitúa 2024 como fecha probable para su aplicación. El método que Transportes estaría barajando -pero que no ha confirmado de forma oficial- sería una primera etapa con un pago único anual -lo que se conoce como viñeta- y después una tarificación por kilómetro con sistemas de pórticos de cobro automáticos como en Portugal. El Mitma ha confirmado que estudia implantarlo por fases, aunque no ha especificado a que se refiere con ello.

En cualquier caso, desde el Ejecutivo aseguran que se tratará de un sistema consensuado para que tenga duración en el tiempo y porque necesita de una reforma legal que tendrá que negociarse con otros partidos. Por de pronto, tanto el PP como Podemos ya han mostrado su rechazo al plan.