El Gobierno estudia implantar los peajes por fases

El Gobierno no descarta implantar el pago por uso en las vías de gran capacidad por fases. Así lo ha asegurado hoy la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, que ha añadido que la razón que podría llevar a hacerlo así es la coyuntura económica, que no es nada sencilla en estos momentos. Pardo de Vera, no obstante, no ha detallado más sobre esta posibilidad y se ha limitado a reiterar, como otros responsables del Mitma, que el sistema de peajes que se adopte será igualitario y equitativo para todos los territorios.

En un coloquio organizado por Executive Forum, Pardo de Vera no se ha querido pronunciar respecto a los plazos para la implantación de los peajes, aunque sí que ha asegurado que es muy complicado que se vaya a implantar en 2023 debido al complejo calendario electoral, que no acompaña; y que su idea es rematar este mismo ejercicio el modelo que luego presentará al resto de formaciones políticas y colectivos afectados. Porque, como ha asegurado Pardo de Vera, de ninguna forma se impondrá un nuevo sistema de pago por uso, puesto que necesita una reforma legal: “¿Cómo se va a imponer algo que necesita una reforma legal?, son ganas de contaminar cualquier situación”, ha asegurado la número dos del Mitma.

Sobrecostes

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también se ha pronunciado sobre los problemas del sector constructor por el incremento de precios de las materias primas y ha asegurado que en empresas públicas como Adif ya se está aplicando una revisión de precios de los contratos y que su intención es que este sistema se quede de forma permanente.

La revisión de precios en los contratos de obra pública es algo que el sector de la construcción ha pedido en los últimos meses como consecuencia del aumento sin precedentes de los precios de las materias primas y el Gobierno ha venido anunciando su compromiso de que lo llevará a cabo.

Pardo de Vera ha explicado que la ley de indexación de 2015 dejó de revisar los precios, pero considera que ahora es clave compartir los riesgos con arreglo a un principio de equilibrio entre administración y empresa. Por eso, la secretaria de Estado ha afirmado que tanto su Departamento como el de Hacienda, que es el que tiene que dar luz “verde” a cualquier cambio presupuestario, ya están trabajando para que las revisiones que ya se están aplicando no tengan carácter coyuntural, sino que se mantengan en el tiempo. Lo que sí ha admitido que será más difícil es que tengan carácter retroactivo, ya que hay que estudiar el impacto y las soluciones jurídicas implícitos de compartir esos riegos.

Pardo de Vera, sobre esta cuestión, ha discrepado con las cifras ofrecidas por la patronal de las grandes constructoras (Seopan), que asegura que el encarecimiento de los materiales sobre la ejecución de obra pública ascienda a 1.200 millones de euros. Pardo de Vera ha asegurado que esa cuantía “es fácilmente contrastable” y que no coincide con la de Seopan.