Ribera rectifica: bares y restaurantes podrán limitar el aire acondicionado “en torno a 25 grados”

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no está para muchas bromas después de la polémica y las críticas generalizadas desde distintos sectores a su plan de ahorro energético, sobre el que sobrevuela varias amenazas de recursos de inconstitucionalidad por parte de varias comunidades gobernadas por el PP, lideradas por la Comunidad de Madrid. Para la ministra, el decreto ley de ahorro energético aprobado esta semana por el Consejo de Ministros “está para aplicarse” y las medidas que contiene son “asumibles” para todos. En una entrevista en Onda Cero, Ribera ha lamentado que en un contexto tan difícil como el actual, el debate no se centre en “cómo podemos ayudar” sino en “cómo evitar cumplir o en cómo evitar las sanciones”, pues “parece que hay una invitación a no cumplir”.

La ministra se refería al pulso que mantienen estos días el PSOE y el PP sobre estas medidas, desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, anunciara su oposición a cumplirlas. “Es importante contribuir cuando otros lo necesitan”, ha insistido Ribera en referencia a Francia, que tiene problemas de suministro y recibe gas de países como España, tanto gas directo como el que sirve para producir electricidad. Esas exportaciones, ha aclarado, no computan en el 7% que debe reducir España en su consumo, un objetivo que es “asumible” sin perjuicio para la industria.

Ante las dudas y el caos que han provocado las inconcreciones del decreto publicado en el BOE, tanto en sus líneas de aplicación como en las posibles sanciones por incumplimientos, Ribera se ha visto forzada a rectificar y a precisar algunas de las medidas aprobadas, de las que ha vuelto a recordad que se aplicarán “con flexibilidad”. Así, ha precisado que bares y restaurantes podrán limitar el uso del aire acondicionado al “entorno de los 25 grados”, teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto. Por tanto, como adelantó LA RAZÓN, los gobiernos regionales deberán ajustarse a lo previsto en el Real Decreto 486/1997, que regula que en los locales en los que se realiza una actividad profesional «ligera» no pueden superarse los 25 grados.

En este sentido, ha aclarado que los 25 grados se aplicarán “con flexibilidad” en locales en los que se acumula mucha gente o la temperatura es muy elevada, como discotecas, cocinas y gimnasios, que necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería. “No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura”, aseguró Ribera. Eso sí, la ministra ha advertido que los comercios y establecimientos “deberán justificar” cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores.

Ribera ha vuelto a reiterar que este primer paquete de medidas está pensado para edificios de uso público “con flexibilidades” según el tipo de actividad económica y el trabajo que se desempeñe. de este modo ha recordado que el decreto distingue entre los trabajos sedentarios -trabajar en una oficina- de los trabajos activos -la actividad en una tintorería o un restaurante-. “El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda”, por lo que cree que no debe quedar duda alguna sobre la aplicación del plan sobre las temperaturas de los termostatos.

La ministra también ha descartado que el plan de contingencia contemple restricciones o prohibiciones dentro de los hogares, si bien sí propondrán recomendaciones “muy conocidas y muy clásicas” relativas a los termostatos, las ventanas, los toldos y los electrodomésticos. Así, ha insistido en que el plan de contingencia previsto para septiembre busca “no dañar la necesidad ni el confort” de familias y tejido productivo. Asimismo, ha prometido que compartirán el borrador “tan pronto” lo tengan con todas las administraciones, los grupos parlamentarios y los principales sectores sociales y económicos.