Spanair: 14 años del accidente que dio un vuelco a la seguridad aérea

A las 14.24 horas del 20 de agosto de 2008, el vuelo JK5022 de Spanair con destino Gran Canaria se estrelló en su despegue del aeropuerto de Barajas dejando 154 muertos y 18 heridos. Un suceso, el segundo más grave en la historia de la aviación española tras el de 1977 de Los Rodeos (Tenerife Norte), en el que fallecieron 583 personas; que provocó la quiebra de la aerolínea en 2012 y condujo a importantes cambios en la seguridad aérea española.

El accidente, según el dictamen de la comisión de investigación aprobado en el Congreso, fue consecuencia de un «fallo sistémico» que involucró a varios cargos del Gobierno. Según el documento, Spanair ya sufría por entonces «serias dificultades económicas», por lo que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuaron «presionados» por el compromiso de puntualidad, así como por el ERE presentado días antes. Además, recoge que la aerolínea habría recibido «sin mediar inspección» la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC). A ello se sumó el fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing «no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos», según el informe, informa Ep.

El dictamen también cree que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto se activó de manera tardía. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron «todas las barreras de seguridad».

Después del accidente, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 la obligación de las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro, a petición de España, y la obligatoriedad de un plan de asistencia. Esta reivindicación fue llevada por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 a Europa, tras las 30 horas de angustiosa espera por conocer la lista de pasajeros de Spanair. En España, se aprobó en agosto de 2013. Además del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO), España aprobó en mayo de 2014 el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares, Real Decreto que reconoce la labor de la asociación.

También se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) que incluía un total de 33. España ya está al día con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tras el accidente.

En cuanto a seguridad, Aena ha invertido 117 millones de euros en seguridad en Barajas -nuevo sistema de frenado de emergencia en pistas, nuevo radar de superficie, un cuarto parque de bomberos, nuevo protocolo de comunicación con torre y servicios médicos y mejoras en pavimento y aplanamiento de terrenos- y se han realizado 580 simulacros entre totales y parciales.

Las víctimas se sienten abandonadas

A pesar de todos estos avances en materia de seguridad, las víctimas continúan teniendo un “sentimiento de tristeza profunda, de orfandad y con la sensación de que no ha habido justicia y se ha cerrado el debate respecto a lo ocurrido”, según ha dicho la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, durante una entrevista en Canarias Radio recogida por Efe en la que ha insistido en la sensación entre los afectados de que las víctimas “murieron por nada”.

Para Vera, las familias y las víctimas viven “en una foto fija y congelada” en la que pasan los años con la sensación de que “murieron por nada”. “Aunque el Ministerio de Transporte ha modificado y creado normas que protegen a los siguientes que tengan la desgracia de sufrir algo así, sobre el hecho concreto del 20 de agosto de 2008 no se han corregido las causas”, ha denunciado.

También ha opinado que las víctimas “molestan a los poderes del Estado” y que es consciente de que a lo largo de estos años ella misma no ha sido “una persona cómoda”. “Siempre digo que trabajo por la memoria de los muertos y por la seguridad de los vivos, que al final es lo que nos impulsa a encontrar un significado a tanta muerte y sufrimiento”, ha señalado.

En los últimos meses, se han producido avances en el frente judicial del accidente. Una sentencia del Supremo condenó a finales de 2021 a la aseguradora Mapfre a abonar 3,8 millones de euros a 40 familiares en un fallo que apunta que el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar una maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma. En esa sentencia se reconoce que la responsabilidad civil del transportista aéreo por los daños que pudieran sufrir los pasajeros de la aeronave siniestrada recaía en la compañía aseguradora Mapfre, ya que existía una póliza que cubría tanto los daños de la aeronave como la responsabilidad frente a terceros.

Por otro, el dictamen de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el accidente fue enviado a la Fiscalía, “pese a la negativa de la presidencia del Congreso”, según ha señalado Vera. Sobre ese frente, ha señalado que están “a la espera de que les contesten para ver qué ocurre”, si bien ha insistido en ese “sentimiento de tristeza y sensación horrible de injusticia por parte de la justicia española”. De hecho, durante el primer simposio de Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familiares, que puso en marcha la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) en Gran Canaria, Vera acusó al Congreso de “faltar a las más elementales normas de la democracia” al no enviar a la Fiscalía General del Estado el dictamen con las conclusiones.