Sanción a Glovo

Trabajo insta a la Fiscalía a que “actúe penalmente” contra las empresas rebeldes a la “ley rider”

Díaz asegura que “no descansará” hasta que todas las empresas de reparto cumplan la ley

Un repartidor de Glovo por una calle del centro de Madrid
Un repartidor de Glovo por una calle del centro de MadridAlejandro Martínez VélezEuropa Press

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado hoy en sede parlamentaria que que instará a la Fiscalía del Estado para que investigue si se están vulnerando los derechos de los trabajadores en el cumplimiento de la “ley rider”. “La ley está funcionando y la gran mayoría de las empresas de reparto están cumpliendo. Quien no lo haga sentirá todo el peso de la ley y se investigará si hay situaciones penales ante esta rebelión”.

Durante su comparecencia hoy ante la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados, la ministra ha avisado de que “no va a parar” hasta que las empresas que incumplan sean sancionadas. En concreto, se ha referido a las sanciones por valor de 122 millones de euros impuestas por la Inspección de Trabajo a la empresa Glovo por la falta de cotización de sus empleados, por la vulneración de forma reiterada de la norma y por la obstrucción a la labor inspectora.

“El siguiente paso es la Fiscalía General del Estado y ver si hay invasión de la esfera penal por la rebelión en que se encuentran algunas de estas empresas en España”, ha dejado claro.

La ministra ha detallado que la afiliación media en el sector de reparto ha aumentado con la aprobación de la “ley rider”, pasando de los 4.688 trabajadores que había de enero a julio de 2021 hasta alcanzar el máximo de la serie en abril de 2022, con 12.144 empleados, lo que supuso un incremento del 165%.

La Inspección de Trabajo ha multado a Glovo con casi 79 millones de euros y se ha procedido a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa en su cruzada por acabar con los falsos autónomos dentro de las empresas de reparto.

Vigilancia a los fijos-discontinuos en la Educación

Díaz también ha avanzado que la Inspección de Trabajo va a vigilar el uso de los fijos discontinuos, especialmente “en algunos sectores” en los que se cometen “abusos en este terreno desde hace décadas”, como es el caso de la educación en puestos como las ATES (para asistencia y formación de escolares con minusvalías), personal de los comedores o de limpieza.

Esta investigación se sumará a la llevada a cabo ya sobre este colectivo en los últimos meses, que ha dado como resultado la detección de 14.601 empresas con situaciones irregulares y la transformación de 25.870 contratos fijos discontinuos en fijos ordinarios, con una tasa de éxito del 45,77 %, ha recordado.