El ex presidente del Banco Popular Ángel Ron ha negado hoy en la Audiencia Nacional que se inflaran las cuentas de la entidad con el objetivo de captar inversores en la ampliación de capital de 2012.

Ron ha comparecido durante más de una hora como imputado ante el juez Santiago Pedraz, que investiga desde el pasado junio -tras admitir a trámite sendas querellas contra la excúpula del banco- si Ron y el que fuera vicepresidente de la entidad Roberto Higuera (que también ha declarado como investigado) pudieron incurrir en un delito de estafa a inversores o de incumplimiento de los deberes de información en esa ampliación de capital.

Tras su declaración, Ron ha asegurado que en esa ampliación no hubo ninguna irregularidad y ha hecho hincapié en que el 31 de octubre de 2012 el Banco de España avaló “sin condiciones” esa operación . Asimismo, ha defendido que la información facilitada a los inversores se ajustaba a la realidad, negando cualquier tipo de manipulación para engañar a los inversores.

Según fuentes jurídicas, Ron ha asegurado al juez que el folleto de la ampliación de capital que se facilitó a los inversores “era absolutamente claro y transparente” e incluía, ha recalcado, “los resultados del test de estrés, el plan de recapitalización y su aprobación” por el Banco de España”. Además, ha añadido, dejaba constancia de que “las dotaciones que estaba previsto realizar podrían derivar en un resultado de -2.300 millones de euros”.

“La acción se duplicó en pocas semanas”

Hasta el punto, ha explicado a preguntas de su abogado, José Antonio Choclán, de que a esa ampliación “acudieron los miembros del consejo de administración, que desembolsaron 500 de los 2.500 millones”. Los consejeros representaban, por tanto, el 25,4% del capital y, tras la ampliación, pasaron a tener el 24,1%. Tras exponer esos datos, ha afirmado según esas mismas fuentes: “Nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar”.

Los consejeros, ha dicho, “pudieron además obtener enormes retornos, porque la acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación prácticamente hasta la disolución del banco en 2017″. Las cuentas anuales, ha resaltado, “reflejaron cómo la acción llegó a niveles mínimos de 0,53 euros al comienzo de la ampliación y se situó en 0,78 a principios de 2013, lo que representaba una elevada rentabilidad para los inversores”.

Ron ha señalado que el Popular superó tanto los AQR (revisión de calidad de los activos bancarios por parte de la UE) como el test de estrés (que determinaba las necesidades de capital que el sector afrontaría tanto en un escenario normal como en otro de crisis extrema: caída del PIB un 6,5% y un paro del 27%). Esa horquilla oscilaba, ha referido, entre los 677 millones de los que dispondría el banco en una situación dentro de la normalidad hasta un posible déficit de 3.223 millones ante un escenario extremo (que ha situado en un 1% de probabilidades) que, “según el Banco de España la entidad podía asumir con recursos propios”.

Defiende que el Popular cubrió el posible déficit

El expresidente del Popular ha sacado pecho asegurando que en esa coyuntura al sistema financiero español “se le atribuían unas necesidades de capital de 60.000 millones de euros que fueron cubiertos en su práctica totalidad con recursos públicos procedentes de Europa, salvo en el caso del Popular, que lo hizo con sus propios medios”, pues a instancias del organismo regulador cubrió ese déficit previsible -a través de un plan que incluía la ampliación de capital de 2.500 millones-, para hacer frente a situación de riesgo extremo “que nunca se cumplió”, ha asegurado Ron.

Pedraz decidió investigar los hechos al ver indicios de posibles “omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener”, en cuyo caso los denunciados habrían incumplido “los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores”.

En la denuncia interpuesta por medio centenar de accionistas del Popular que invirtieron su dinero en la ampliación de 2012 se señala que el Consejo de Administración del banco sabía que “si proyectaba al mercado la realidad de la situación” de la entidad, la ampliación de capital de 2012 “no alcanzaría los resultados deseables para lograr la inyección de dinero con la que parchear su crítica situación”.

La querella apunta a una “apariencia de solvencia”

Con ese objetivo de captar inversores, continúa la querella, los responsables del Popular “decidieron alterar la imagen fiel de la entidad, especialmente tras la integración de las cuentas de Banco Pastor en Banco Popular, con la finalidad de dar una apariencia de solvencia cuando en realidad se estaba ante una entidad ruinosa”.

Los denunciantes defienden que el banco ocultó el deterioro financiero para captar clientes en perjuicio de los inversores, que ante esa apariencia de solvencia decidieron invertir sus ahorros.

Además de esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga la resolución de la entidad en 2017 y posibles irregularidades en la ampliación de capital de un año antes. Calama ya descartó el pasado abril asumir esta investigación al dejar claro que no tiene “nada que ver” con la ampliación de capital de 2016, una valoración que refrendó después la Sala de lo Penal. En un primer momento, una de las denuncias recayó en el juzgado del que es titular el magistrado Alejandro Abascal, quien tras abrir diligencias previas se inhibió del asunto, que asumió finalmente el juez Pedraz.