La Audiencia también investigará la ampliación de capital del Popular en 2012

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha abierto diligencias previas para esclarecer si la excúpula del Banco Popular infló sus cuentas y resultados para captar clientes en su ampliación de capital de 2012. El magistrado da este paso tras la querella interpuesta por el abogado Miguel Durán por delitos de estafa a inversores o de falsedad en la información facilitada a los mismos contra el expresidente y vicepresidente del Popular, Ángel Ron y Roberto Higuera, respectivamente, y contra el propio banco. Esta causa se une a la que, también en el mismo tribunal, el juez José Luis Calama investiga la quiebra de la entidad desde 2017.

La querella -que incide en la supuesta estafa que habrían sufrido los inversores que perdieron su dinero en la ampliación de capital- fue remitida inicialmente al juzgado que dirige Calama, donde se instruye la causa principal sobre la resolución de la entidad-, pero el magistrado acordó en un auto del pasado 19 de abril que los hechos no tienen “nada que ver” con la investigación de hechos posteriores a 2012 ni con la ampliación de capital de 2016, pues la denuncia se ciñe a esa ampliación de 2012.

Calama incluso va más allá y matiza que estos hechos “han sido expresamente excluidos del perímetro de las diligencias” que dirige en su juzgado con exdirigentes del Popular en el punto de mira, tanto por él mismo como por la Sala de lo Penal. Para el instructor “no nos encontramos ante un mismo asunto de forma que podamos acordar la acumulación de las actuaciones, sino ante un asunto nuevo que requiere de la incoación de una nueva causa”.

“Posible existencia de una infracción penal”

Tras esa decisión, de la querella se hizo cargo por turno de reparto el Juzgado de Instrucción número 1 que dirige el juez Abascal, quien en una resolución de ayer a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, acuerda la apertura de diligencias previas al considerar que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

El magistrado da traslado de la querella a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la competencia del tribunal para investigar los hechos y, en su caso, proponga la práctica de diligencias.

En la denuncia se señala que el Consejo de Administración del Banco Popular sabía que “si proyectaba al mercado la realidad de la situación” de la entidad, la ampliación de capital de 2012 “no alcanzaría los resultados deseables para lograr la inyección de dinero con la que parchear su crítica situación”.

De ahí que, continúa el relato, “decidieron alterar la imagen fiel de la entidad, especialmente tras la integración de las cuentas de Banco Pastor en Banco Popular, con la finalidad de dar una apariencia de solvencia cuando en realidad se estaba ante una entidad ruinosa”. De esta forma, los querellantes sostienen que el banco pudo ocultar el deterioro financiero para captar clientes en perjuicio de los inversores, que ante esa apariencia de solvencia decidieron invertir sus ahorros.