Bruselas propone un plan para que la deuda no ahogue a países como España

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para reformar las reglas fiscales europeas, el famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuyas normas se encuentran ahora metidas en el frigorífico debido a la necesidad de inyectar dinero público sin cortapisas durante la pandemia del coronarivus. Consciente de que el despertar de este Pacto puede ser una auténtica pesadilla para los países más endeudados, el Ejecutivo comunitario plantea una reforma para que la vuelta a la normalidad fiscal no acabe asfixiando el crecimiento en un momento además de zozobra en la economía europea por los altos precios de la energía y la inflación. Bruselas decide no tocar los umbrales actuales que fijan en un 3% del nivel de déficit público y en un 60% el de deuda, pero cree que la norma que obliga a reducir cada año una veinteava parte de la deuda es completamente inasumible para economías tan endeudas como la griega, la italiana o la española.

Por eso, propone cambiar esta regla y sustituirla por un traje a medida para cada país que sea realista y no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Los países con una deuda pública por encima del 90%, grupo en el que se encuadra España, deberán poner en marcha un plan de cuatro años de reducción de la deuda con objetivos anuales de gasto público neto que se verán reflejados en los presupuestos. Esto significa que los Estados podrán aumentar el gasto en inversiones siempre y cuando sean capaces de llegar este agujero con subidas de impuestos y aumento de su capacidad recaudatoria. Los países con umbrales de duda superiores al 60% tendrán planes a tres años.

Este periodo de ajuste fiscal puede extenderse tres años más para favorecer inversiones y reformas, siempre que éstas mantengan criterios transparentes y tengan por objetivo apuntalar el crecimiento económico. Bruselas quiere diseñar una nueva herramienta para asegurarse de que esto se cumple, con un mecanismo que permita a las capitales europeas revertir estos periodos de gracia si el país concernido no respeta lo pactado.

Fondos europeos

Esta relativa flexibilidad por parte de las autoridades europeas es compensada por una batería de sanciones más fáciles de aplicar, de menor cuantía pero más frecuentes. Fuentes diplomáticas europeas se resisten a poner números sobre la mesa y se limitan a explicar que los montantes serán similares a los vigentes en los procedimientos de infracción convencionales de los países europeos. Aseguran que lo importante reside en el daño a la imagen reputacional del país concernido y recuerdan que las multas del 0,2% del PIB para los grandes incumplidores continúan vigente. Además, estas nuevas normas fiscales condicionarán las ayudas que reciben los Estados de los denominados fondos estructurales así como de las subvenciones del fondo post- pandemia Next Generation EU. Hasta ahora, con el Pacto en suspenso, el desembolso de los fondos tan sólo estaba condicionado a las reformas e inversiones pactadas.

Esta reforma del pacto también contempla que se puedan activar cláusulas de escape como la que está en vigor actualmente debido a la pandemia del coronavirus. La principal diferencia respecto al marco vigente reside ahora en que estas cláusulas de excepcionalidad por sucesos imprevistos pueden activarse tan sólo para un país o para un grupo de países.

La propuesta presentada este miércoles es sólo un primer paso para  un nuevo documento más detallado que después deber ser pactado con las capitales europeas. Las negociaciones se adivinan arduas, aunque España no descarta que el acuerdo pueda alcanzarse durante su presidencia en la segunda mitad del año que viene.