El limbo burocrático atrapa a los fondos del Plan de Recuperación de la UE se pierden en el

El último informe de Fedea de seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, y financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE, recoge que el volumen total de recursos del MRR adjudicados hasta el momento estaría solo en los 13.757 millones de euros, lo que supone en torno al 0,96% del PIB de 2021. A esto habría que sumar los recursos destinados a las comunidades autónomas, entre 16.336 y 22.115 millones de euros, o entre un 1,14% y un 1,55% del PIB (de 2021) frente a los cuatro puntos de PIB esperados, según el proyecto del Plan de Recuperación. Así pues, los datos y estimaciones disponibles apuntan a adjudicaciones de en torno a 0,6 a 0,8 puntos de PIB por año y niveles de desembolso aún menores, lo que supone un ritmo de despliegue del Plan en torno al 30-40% de lo esperado en su día. A tenor de estos datos, el autor del informe, Ángel de la Fuente, concluye que «hemos sobrevalorado nuestra capacidad de absorber con rapidez niveles de inversión tan elevados como los previstos en el Plan de Recuperación. Habrá que ver qué se puede hacer para agilizar su ejecución, pero seguramente convendría priorizar la negociación de una ampliación de los plazos relevantes con el fin de asegurar el buen aprovechamiento de una oportunidad histórica».

Desde el arranque del Plan de Recuperación en el verano de 2021 hasta el momento, apunta Fedea, se ha puesto en marcha (mediante convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos o transferencias a las CCAA) casi el 70% del gasto originalmente previsto, lo que supone una «tasa de arranque» del 23% por semestre. «En muchos casos, sin embargo, esto solo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre administraciones o entes públicos hasta llegar a aquel que, en última instancia, se ocupará de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes».

En este sentido, Fedea solicita más «información» sobre lo que ocurre con la parte de estos fondos que se transfiere a otras administraciones o entidades públicas para su ejecución definitiva porque éstas (incluyendo las integradas en el sector público central) no publican informes de ejecución presupuestaria con la misma premura y detalle que la AGE». Con la información disponible hasta el momento, Fedea conjetura que la tasa de ejecución a finales de noviembre de este ejercicio sería del 10,61% y el gasto ejecutado por las administraciones gestoras distintas de la AGE sería, como máximo, de unos 3.000 millones.

Por sectores

Por otra parte, existen diferencias importantes entre rúbricas. Las más avanzadas son educación, y otras ayudas sectoriales (las no necesariamente destinadas a digitalización o transición energética), con tasas acumuladas de arranque superiores al 80%, y la más retrasada las infraestructuras hidráulicas y actuaciones medioambientales, con el 45%.

Un buen dato que destaca Fedea respecto a su anterior Boletín es el «significativo avance» en la puesta en marcha de los PERTE. Con las nuevas convocatorias, el volumen de recursos movilizado casi se ha duplicado, pasando de 6.650 millones de euros en junio a 12.300 en diciembre. Si excluimos del denominador al PERTE Chip, que todavía está en preparación y se financiará con cargo a la Adenda del Plan de Recuperación, la tasa de arranque de los PERTE (el 61%) comienza a acercarse a la del conjunto del Plan (el 69%), a diferencia de lo que sucedía en junio, cuando la relación era de 32% vs 46%.

En términos absolutos, el mayor volumen de nuevas convocatorias se ha registrado en los PERTEs de energías renovables y aeroespacial, mientras que en términos relativos destacan los de los sectores naval y agroalimentario, para los que las nuevas convocatorias representan en torno al 80% del presupuesto público total. Por otra parte, la experiencia de los PERTE más avanzados muestra indicios de ciertas dificultades para atraer suficientes solicitudes de calidad para agotar las ayudas disponibles, especialmente en las convocatorias destinadas a empresas, apunta Fedea. «Es por eso que el Gobierno está comenzando a revisar las órdenes de bases de algunos grandes proyectos para simplificar las condiciones exigidas y hacerlas más atractivas para las empresas. Así, en el caso del PERTE agroalimentario, entre otras cosas, se han reducido los tipos de interés de los préstamos y los avales