El 79% de los alquilados quiere comprar la casa en la que vive...pero sólo el 42% cree que lo logrará

Hoy en día tener acceso a una vivienda se ha vuelto cada vez más complicado, lo que ha incrementado la opción del alquiler en los últimos años frente a la compra de una propiedad, debido a la inflación y la subida de los precios , a la falta de ahorro previo y de estabilidad laboral con salarios dignos, así como al encarecimiento de las hipotecas, entre otros motivos. Aun así, el alquiler se sigue percibiendo en nuestro país como una situación transitoria previa a la tenencia de vivienda, en tránsito hacia la deseada propiedad. En concreto, el 79% de los inquilinos aspiran a ser propietarios en 5 años de la vivienda en la que habitan. Sin embargo, menos de la mitad, el 42%, piensa que lo logrará.

Lo cierto es que hay 18,5 millones de viviendas principales en España. Y se cifra en casi tres millones las familias que viven en viviendas de alquiler, lo que representa un 16% del total. Todos estos son datos publicados en un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en su revista inmobiliaria OCU Fincas y Casas, sobre el consumidor vulnerable y las barreras de acceso a la vivienda en alquiler. El objetivo de este análisis del mercado es principalmente identificar y analizar las barreras de acceso a la vivienda para el consumidor vulnerable, con un enfoque en particular al sector del alquiler.

En el estudio se muestra que se ha incrementado la demanda de vivienda, fomentado por la creación de empleo y de nuevos hogares, así como por el aumento de la población. Este requerimiento de vivienda se concentra más en las zonas y urbes más dinámicas en cuanto al mercado laboral, lo que ha supuesto un alza en el coste del alquiler, complicando a su vez el acceso a la vivienda y precarizando la economía de las familias. De hecho, el 63% de los inquilinos españoles tiene que destinar más del 30% de los ingresos a pagar la renta y los gastos relacionados con dicha vivienda en alquiler.

Hay que tener en cuenta que la OCU considera hogar vulnerable a aquel que destina más de ese porcentaje a pagar el alquiler. Por tanto, se incrementa el porcentaje de hogares vulnerables y, en el caso de los hogares con menos recursos, acceder a una casa alquilada puede convertirse en "misión imposible".

Por lo general, según el estudio, los inquilinos son más jóvenes y disponen de un nivel de renta inferior a los propietarios. Aquellos de origen extranjero son los que tienen una representación mayor, siendo el 33% de los inquilinos. Si miramos el conjunto de arrendatarios observamos que el 34% posee unos ingresos de hasta 1.500 euros mensuales, mientras que hasta ese intervalo sólo el 19% son propietarios. Asimismo, el 26,6% de los inquilinos viven una situación familiar difícil o muy difícil económicamente, frente al 21% de los propietarios que afirmar pasar por ese tipo de situación. Por otra parte, el 30% de los propietarios dispone de una hipoteca por un valor medio de 642 euros, tras el incremento en el último año de 92 euros (un 15% más), mientras que el 70% de las familias tienen ya pagada su vivienda.

Además, el 85% de la oferta de vivienda en alquiler en nuestro país proviene de propietarios privados. Por lo tanto, es más frecuente que se alquilen directamente a familias y que la participación de las agencias inmobiliarias quede relegada a un tercio de los casos. Destaca también que apenas un 3% de arrendatarios acceden a viviendas de alquiler público. Y es que hay un déficit de inversión en este tipo de viviendas de alquiler, para lo que todavía no se ha puesto en marcha un plan que lo corrija.

A pesar de no contar con estadísticas fiables, desde diferentes entidades, tanto públicas como privadas, se explica la disminución de la oferta privada de vivienda como consecuencia del miedo y preocupación de los arrendadores frente a la posibilidad de no cobrar la renta, de sufrir daños en la vivienda y de perder su propiedad en caso de impago. Esta situación agudiza la inestabilidad del sector, teniendo en cuenta la creciente demanda y una oferta a la baja. Y todo ello tiene lugar en un momento en el que existen 3,8 millones de viviendas vacías en España, con la subida de precios del alquiler "que no cesa", a falta de una alternativa a la necesidad básica de vivienda más allá del alquiler compartido y el arrendamiento de habitaciones, "que crecen día a día".

El 33% de arrendadores está jubilado

Si nos centramos en el perfil del arrendador, el estudio destaca que el 58% trabaja por cuenta propia o ajena y otro 33% es pensionista o jubilado, mientras que un 6% se encuentra desempleado y un 2% se dedica a sus labores.

En lo referente a la economía del hogar, el 9% de arrendadores la considera difícil o muy difícil (frente a un 26,6% en el caso de los inquilinos y un 21% de propietarios de vivienda en general).

Igualmente, el 76% de los arrendadores dispone de una única vivienda en alquiler, frente al 14% que posee dos y un 10% que dice contar con tres o más. Si miramos por tipo de vivienda, el 89% de los casos responde a un piso, con tres dormitorios en el 46% de los inmuebles y 2 dormitorios en el 33% de ellos.

En cuanto a problemas con el alquiler,el 24% de los caseros consultados reconoce haberlos tenido, siendo el más habitual el impago de la renta (57% de los casos), problema que afecta al 14% del total de arrendadores. Por otro lado, los daños en la vivienda suponen el 37% de los problemas y afectaron al 9% de arrendadores totales, y los retrasos en el pago del alquiler sumaron el 36% de problemas, afectando al 8% del total de caseros. Mientras que las quejas por parte de vecinos representaron el 14% de los problemas y afectaron al 3% del total de arrendadores.

Nóminas para firmar el contrato

A la hora de elegir candidato a inquilino el documento para presentar que más se exige al aspirante son las últimas nóminas, así ocurrió en el 61% de los casos, seguido por el contrato de trabajo (58%) y la declaración de la renta (23%).

En cuanto al importe de la renta media mensual (en base a los datos globales para el total de encuestados, sin hacer una distinción por regiones) se eleva a 605 euros. El 15% de los inquilinos abona entre 751 y 1.000 euros, mientras que un 7% paga más de 1.000 euros al mes. Sin embargo, es más numeroso el grupo que paga una renta mensual que oscila entre los 301 y 500 euros, lo que constituye un 32% del total, cuatro décimas por encima del porcentaje de inquilinos que paga entre 501 y 750 euros.

Recomendaciones

Por otra parte, según este estudio, si ponemos el foco en la reciente evolución de los precios, se podría concluir que las ayudas públicas a inquilinos no están impulsando una contención de ese incremento en el coste del alquiler. Las familias consideradas más vulnerables difícilmente pueden acceder al mercado del alquiler teniendo en cuenta el alza de precios y el endurecimiento de los requisitos a la hora de seleccionar a los candidatos a inquilino. Así, la oferta existente de vivienda pública y los recursos sociales puestos en marcha se muestran insuficientes para proporcionar el apoyo necesario a aquellos que no consiguen una vivienda digna en el mercado.

Ante el panorama descrito, la OCU recomienda, por un lado, la adopción urgente de un "plan ambicioso" de inversión en vivienda pública en alquiler "que vaya más allá de los discursos y se proponga metas anuales realistas, buscando fórmulas de colaboración público-privada". Se trataría de una estrategia que no consista sólo en construir más, sino que rehabilite y atraiga vivienda privada infrautilizada para destinarla al alquiler público. Y es que el organismo asegura que son al menos 600.000 las viviendas públicas necesarias para incorporar al parque en régimen de alquiler, una cantidad que facilitaría un "impacto estable" en el mismo, donde hay casi tres millones de viviendas alquiladas en la actualidad.

Igualmente, según el estudio, la manera más rápida de ampliar la oferta es aportando seguridad jurídica a los arrendadores particulares, los cuales suponen el 80% de los proveedores de casas alquiladas en España. "No sería descabellado aspirar a movilizar para el alquiler" unas 500.000 viviendas de las que actualmente están vacías en las ciudades y zonas con demanda, afirman desde el organismo.

Además, se añade que la seguridad jurídica "facilitaría igualmente" que fondos y SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) contribuyeran con una mayor inversión privada en vivienda en alquiler, colaborando en la profesionalización del mercado.

Por otra parte, medidas extraordinarias como el control de rentas o la suspensión de procedimientos de desahucio , aseguran, deben ser planteadas de forma excepcional, acotadas en el tiempo y bajo circunstancias bien definidas, con el fin de evitar que se consiga el efecto contrario y retraiga la oferta.

Desde OCU se demanda que las ayudas se concentren en los colectivos más vulnerables, incrementando la dotación de vivienda pública en alquiler y los recursos de los servicios sociales necesarios para acompañar a esos hogares más vulnerables, sin que esto signifique una reducción de las mismas, sino que se destinen a las familias que más lo necesitan. Del mismo modo, con el objetivo de favorecer la disponibilidad de fondos suficientes que garanticen el apoyo a los inquilinos más vulnerables, se recomienda repasar las ayudas destinadas al alquiler, dado que, según el organismo, podrían contribuir en algunos casos a un alza de precios.