Rapapolvo de la Airef al Gobierno por la reforma del sistema de pensiones y por establecer una regla de gasto del sistema que mantiene un déficit que debe cubrirse con transferencias, además afear al Ejecutivo que se aproveche de los recursos del organismo fiscal en su beneficio, porque "merma nuestra capacidad de supervisión independiente". Así lo ha ha censurado la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, que ha advertido que será el supervisor fiscal el decida el calendario y la metodología que utilizará para elaborar el informe adicional sobre la reforma de las pensiones encargado por el Gobierno.

En su intervención ante la Comisión del Pacto de Toledo, Herrero ha insistido en que su informe debería estar listo antes del 1 de junio de 2026, lo que mermaría su capacidad de supervisión independiente y ha querido dejar claro que debe ser el organismo el que "debe fijar la forma de hacerlo y los plazos. Los informes tienen que ser los que dicen la ley y los demás tienen que ir como encargo. No se puede hacer un uso privativo de los recursos de la Airef". Por ello ha reclamado una reforma para que no sean obligatorios para el organismo los encargos que hace el Gobierno y se evite que el supervisor fiscal "al final acabe convirtiéndose en una agencia del Estado" sin independencia.

El Gobierno planteó vía real decreto que la Airef elabore un informe adicional sobre la reforma de las pensiones que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años. Una metodología que complica el trabajo del organismo en la evaluación del gasto en pensiones porque, desde la perspectiva del gasto, entiende que incluye "grandes debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal, porque es muy sensible al momento del ciclo económico en el que se está calculando por incluir en la ecuación el nivel de crecimiento económico entre 2023 y 2025".

Entre estas "debilidades metodológicas" está el cálculo de la regla de gasto, ya que influye el momento del ciclo económico en el que se evalúa, con especial incidencia de cambios, por ejemplo, de los flujos migratorios, y critica que tenga en cuenta el Informe de Envejecimiento, "que no deja de ser un compendio de "supuestos e hipótesis" que pactan los Estados miembro a largo plazo y que no se ciñe a las especificidades de cada país. La regla de gasto no nos gusta por la merma de la capacidad de supervisión e independencia" que supone para la Airef, porque "nos dicen lo que tenemos que hacer. El gasto lo tenemos que coger sin poder decir nada".

También ha cuestionado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque el sistema está en situación de déficit y necesita las transferencias del Estado para mantenerse. "Lo del Fondo de Reserva he de confesar que no lo entiendo muy bien. Mientras la Seguridad Social tenga déficit, no entiendo que se amplíe". A su juicio, el fondo lo que tiene recoger es el superávit que genere la Seguridad Social, "y ahora no lo tiene. Mientras la Seguridad Social tenga déficit, que yo traiga una parte de los ingresos para incluirla en el Fondo de Reserva y eso implique que tenga que acudir a transferencias del Estado o a endeudarme, no lo entiendo".

La hucha de las de las pensiones es un fondo que se creó en 1997 y tiene como objeto pagar las prestaciones contributivas si la Seguridad Social no tiene suficiente dinero para afrontar esos pagos. El Gobierno ha venido anunciando que prevé cerrar el fondo con un saldo aproximado de 14.000 millones de euros, pero al mismo tiempo la Seguridad Social tiene un agujero cercano a los 126.000 millones de euros. Asimismo, ha avisado de que el encaje del gasto público en pensiones será de algo más del 4% hasta 2050, con el compromiso de España con la Comisión Europea en el marco del Plan Fiscal y Estructural de un crecimiento promedio del gasto público de un 3% entre el 2025 y el 2031. "Aquí está el problema, cómo encajar eso en los compromisos que tenemos asumidos con Europa".

Una situación que irá a peor los próximos años, ya que Herrero estima que el número de pensiones aumentará en seis millones hasta 2055 y que el gasto en pensiones sobre el PIB alcanzará un 16% en 2050, aunque ha negado que el futuro de las pensiones en España esté en riesgo, pese a que cada vez más el Estado deba funcionar como garante del sistema de pensiones, por lo que el Gobierno deberá "reordenar prioridades de gasto o adoptar las medidas necesarias por el lado de los ingresos".