"La subida salarial de los funcionarios firmada por Función Pública la semana pasada es un fraude ley". Así lo ha denunciado Ana Ercoreca, la presidenta de Fedeca, la Federación que agrupa a los cuerpos superiores de la Administración del Estado, que ha explicado que la subida del 11,4% en el salario de los empleados públicos entre 2025 y 2028 pactada entre Función Pública, CSIF y UGT -a falta de la ratificación pendiente de CC OO- incumple la legalidad vigente "por fijar un horizonte que va más allá de la legislatura", además de advertir de que "al no tener en cuenta el IPC real se va a quedaren nada". En concreto, señala que el fraude de ley se produce porque "se han pactado subidas hasta el 2028 cuando la legislatura tiene como tope 2027 y el Congreso tiene que amparar las revalorizaciones salariales".

Ercoreca ha recordado que los empleados públicos han perdido más del 44% de poder adquisitivo desde 1982 y las subidas salariales que se han venido ejecutando "no tienen en cuenta la inflación real". Los datos de pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones de los empleados públicos "son evidentes y se demuestra año a año", ya que los incrementos salariales han sido "sistemáticamente inferiores al IPC, salvo contadísimas excepciones", con un resultado que tacha de "demoledor": "Un empleado público cobra hoy bastante menos en términos reales que hace cuatro décadas". A todo ello, la presidenta de Fedeca suma "el recorte extraordinario nunca compensado de la paga extra suprimida en 2010, que continúa sin recuperarse completamente". Según calcula Fedeca, en funcionario de la categoría A1 acumula una pérdida total de más de 14.000 euros desde entonces "solo por este concepto".

Desde la Federación recogen las proyecciones del Banco de España, que apuntan que la mejora real acumulada al final del periodo será de solo de en torno al 2%,en el mejor de los escenarios ya que, el supervisor prevé un IPC del 2,5% en 2025, del 1,7% en 2026 y del 2,4% en 2027. "Si lo comparamos con la subida pactada, este año empata con la inflación; en 2026, el fijo del 1,5% queda por debajo incluso de la inflación subyacente prevista (2%–2,2%); en 2027, habría una ganancia moderada (4,5% por 2,4%); y para 2028, el 2% puede quedar neutralizado por cualquier repunte".

En este sentido, Ercoreca ha apuntado que el acuerdo suscrito por el Ejecutivo y los sindicatos "no supone una subida ni una mejora real, porque hay que tener en cuenta otros factores externos para fijar lo que suben los sueldos, como la volatilidad del componente energético en el IPC o la evolución del precio de la vivienda y del alquiler". Una circunstancia que "afectará especialmente a la gente joven que accede por primera vez a la Administración Pública y que muchas veces se tiene que desplazar a otra ciudad y pagar alquileres más caros en ciudades como Madrid o Barcelona. Si la subida no tiene en cuenta el IPC real, esa subida no será objetiva y supondrá una pérdida del poder adquisitivo", pese a que "al menos hay una senda de incrementos".

Con proyecciones "incluso más realistas, como las de la Airef", Ercoreca advierte de que los salarios públicos podrían incluso "perder poder adquisitivo en la práctica. El incremento del 0,5% de 2026 depende de la inflación prevista, no de la real, introduciendo incertidumbre en un año clave para la recuperación retributiva". Por tanto, entiende que "el acuerdo apenas preserva el poder adquisitivo". Por tanto, con el escenario de la Autoridad Fiscal, la ganancia real "desaparece completamente, por lo que el acuerdo no garantiza mantener el poder adquisitivo, y mucho menos recuperarlo", ya que la Airef ha documentado que las previsiones del Gobierno (PGE y Programa de Estabilidad) "subestiman sistemáticamente la inflación real, con desviaciones recurrentes de 1 a 2 puntos porcentuales. Si esta tendencia continúa, las previsiones actuales para el periodo 2026–2028 también pueden quedarse cortas, erosionando aún más el valor real de los salarios públicos, con un impacto negativo y con riesgos adicionales".

Por tanto, desde Fedeca estiman que las proyecciones utilizadas por el ministro Óscar López para justificar el acuerdo "no integran adecuadamente factores clave, como la volatilidad del componente energético (petróleo, gas, electricidad) y su efecto multiplicador; la evolución del precio de la vivienda y los alquileres, que presiona al alza la inflación subyacente; la inflación subyacente prevista para 2026 en España (2%–2,2%), ya superior al incremento fijo del 1,5% de ese año; y el diferencial con la UE (1,6% en Europa por 2% en España)".

La presidenta de la Federación tampoco se ha mostrado satisfecha con las ofertas de empleo público presentadas por el Ministerio. Aunque ha valorado positivamente que se reduzcan los tiempos de espera, ha mostrado sus reticencias a la "promoción vertical en la Administración", por la que se ayuda al funcionario "sin haber acreditado los conocimientos. Nadie se metería en un quirófano si el cirujano o el personal sanitario no fuera bueno. Lo que necesitamos, queremos y demandamos es una función pública basada en la excelencia, en el principio de igualdad, mérito y capacidad".

Asimismo ha alertado sobre el envejecimiento de las plantilla funcionarial y ha afeado al Gobierno que no haya previsto el relevo generacional porque en el futuro "se van a producir muchas jubilaciones que precipitarán la renovación de la Administración Pública", además de que la media de funcionarios en España es inferior a la media de la Unión Europea, un mal que ha tachado de endémico y que el Ejecutivo no ha afrontado. "Reforzar los servicios en el exterior y garantizar condiciones salariales adecuadas son dos pilares inseparables para asegurar una Administración eficaz, capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía dentro y fuera de España".