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Así afectará a los hipotecados la última sentencia del Supremo

El cliente podría reclamar una media de 785 euros por una hipoteca de 150.000 euros

Así afectará a los hipotecados la última sentencia del Supremo
Así afectará a los hipotecados la última sentencia del Supremolarazon

El cliente podría reclamar una media de 785 euros por una hipoteca de 150.000 euros

El Tribunal Supremo ha dictaminado que los gastos notariales y de gestoría derivados de la constitución de un préstamo hipotecario deben repartirse entre el banco y el cliente. Además, la entidad se hará cargo del coste por inscribir la hipoteca en el registro, mientras que el cliente asumirá el de cancelación. Esta sentencia afectará a los nuevos préstamos, pero también abre la puerta a que los hipotecados con anterioridad puedan reclamar a su banco parte de los gastos. «Esta reclamación se podrá hacer sin fecha límite siempre y cuando se demande bajo la premisa de pago abusivo», explica Natalia López, de Maher Abogados.

En una hipoteca de 150.000 euros firmada en 2014 para una vivienda de segunda mano con una comisión de apertura del 0,5%, el cliente tuvo que pagar 2.875 euros de media, según explican desde Maher Abogados. De ellos, 1.350 euros serían por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, 600 por el notario, 360 por el registro, 315 por los gastos de tasación y 250 por los de gestoría. Con la nueva sentencia, los hipotecados podrían reclamar a la entidad bancaria con la que firmaron el préstamo un total de 785 euros, de los que 125 euros corresponden a los gastos de gestoría, 360 euros al registro y 300 euros a los gastos de notaría.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) recomienda que los consumidores «no perdonen» a la banca los gastos hipotecarios, ya que el cliente tiene derecho a recuperar, como mínimo, los gastos de inscripción en el registro y la mitad de los de notaría y gestoría. Ante las posibles trabas que pueden poner las entidades al no aceptar estas reclamaciones y llevarlas a la vía judicial, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido que se desarrollen medidas para que los bancos las acaten, evitando «la dilatación innecesaria de los procedimientos».